Los descendientes de italianos en el mundo tienen una principal preocupación: el potencial tratamiento del proyecto de ley que promete cambiar para siempre las reglas para el acceso a la ciudadanía italiana. En este informe, te contamos todas las etapas que debe superar un texto para convertirse en ley y cuáles son los cambios que ya rigen.
Italia está a punto de discutir una reforma significativa en su legislación sobre la ciudadanía italiana por descendencia, conocida como “Progetto 752” o «Progetto Menia».
Este proyecto de ley, promovido por el senador Roberto Menia del partido oficialista Fratelli d’Italia, busca reabrir por tres años el plazo para que descendientes de italianos puedan reclamar su ciudadanía, así como imponer nuevos requisitos para su obtención.

Fuentes parlamentarias indicaron a finales del 2024 que el debate en el recinto del senado italiano podría realizarse en enero de 2025, con el objetivo de implementar los cambios antes de 2026.
Esta iniciativa surge en un contexto de polarización política y social sobre el derecho a la ciudadanía y las implicancias para millones de descendientes de italianos en el extranjero.
El Progetto 752 también propone cambios sustanciales a la ley actual de ciudadanía, incluyendo la exigencia de un nivel B1 de italiano y la residencia continua en Italia para ciertos solicitantes.
La propuesta ha generado críticas desde sectores opositores, que argumentan que estas medidas podrían dificultar el acceso a derechos históricos de los descendientes de italianos, especialmente en regiones con alta emigración italiana como América Latina.
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¿De qué se trata el “Progetto 752” a través del cual podrían debatir el derecho a la ciudadanía italiana?
El Progetto 752, presentado en junio de 2023, tiene como principal objetivo facilitar el acceso a la ciudadanía italiana para aquellos que la perdieron por motivos legales o administrativos.
Esto incluye la reapertura de plazos para quienes no pudieron reclamarla anteriormente debido a restricciones legales o desconocimiento. Además, introduce nuevos requisitos para evitar abusos en el proceso.
Uno de los puntos clave es el enfoque en la ciudadanía por reconstrucción del derecho de sangre (iure sanguinis).
El proyecto establece que los descendientes hasta el tercer grado de italianos nacidos o residentes en Italia pueden solicitar la ciudadanía, siempre que cumplan con el requisito de conocimiento del idioma italiano a nivel B1.
Para descendientes más allá del tercer grado, también se exige un año de residencia continua en Italia.
Según Menia, estas medidas buscan armonizar los derechos de los solicitantes con los intereses del Estado, resaltando que muchos utilizan la ciudadanía como herramienta de conveniencia para ingresar a la Unión Europea, sin un verdadero vínculo con Italia.
Además propone mayores controles para combatir fraudes documentales detectados en consulados, especialmente en América Latina.
¿Cuándo se espera que se debatan los cambios a la ciudadanía italiana?
El debate sobre el Progetto 752 comenzó en enero de 2024 en comisiones parlamentarias y se prevé que alcance su discusión final en el pleno del Senado en 2025.
Fuentes de InfoCivitano en el interior del Parlamento Italiano afirman que la agenda de temas a tratar por los senadores recién se conocerá el próximo lunes. Será entonces cuando se sepa si la iniciativa del senador Menia tendrá tratamiento en enero. Otras fuentes parlamentarias afirman que el proyecto está siendo «cajoneado» por el propio gobierno, y que no habría novedades al respecto hasta el mes de marzo.
En principio, parece difícil que el gobierno autorice el abordaje del proyecto en enero, cuando hace pocas semanas de la aprobación de un contundente aumento de los costos de los trámites de reconocimiento de la ciudadanía por descendencia (tanto en el exterior por vía consular, como en Italia por vía judicial o en las comunas), además de otros derechos de los italianos que viven en el exterior.
Es por eso que los principales analistas sostienen que no habría novedades en este sentido, al menos hasta marzo.
Rechazo del PD e incertidumbre sobre la postura del Maie
En caso de que el proyecto efectivamente llegue a los plenos de las cámaras, tanto el Partido Democrático (Principal fuerza de la oposición), como del Maie (aliado al gobierno), adelantaron que votarían en contra. Cabe aclarar que el Maie también se había expresado en contra del aumento de las tarifas a los italianos en le exterior, pero finalmente terminó ausentándose de la votación de presupuesto.
Tanto el senador Mario Borghese como el diputado Franco Tirelli habían descalificado las medidas del gobierno contra los italianos y descendientes en el exterior, pero faltaron a la votación del proyecto.
Hasta el momento, las redes sociales de los legisladores han enviado saludos de navidad e imágenes de sus actividades personales, pero no hubo ni una sola declaración o explicación respecto a su cambio de postura. Tampoco lo hizo el presidente del partido Maie y ex senador italiano, Ricardo Merlo, de quienes se esperaba un comunicado en los días posteriores a la aprobación del presupuesto.
Qué pasa si se aprueba la ley en el Parlamento Italiano
Si se aprueba, la ley entraría en vigor inmediatamente, abriendo un plazo de tres años para las solicitudes bajo los nuevos criterios.
La urgencia del tratamiento refleja la prioridad que el gobierno de Giorgia Meloni otorga a la regulación de la ciudadanía italiana.
No obstante, esta celeridad también ha despertado suspicacias entre la oposición, que acusa al oficialismo de buscar restringir derechos históricos de los descendientes de italianos.
En el Parlamento italiano, al menos 19 proyectos relacionados con la ciudadanía están en discusión. El Progetto 752 destaca por ser impulsado por un legislador oficialista con experiencia en el tema, lo que aumenta sus probabilidades de aprobación.
Aún así, enfrenta el reto de conciliar posiciones divididas en torno al iure sanguinis y la inclusión de nuevos enfoques como el ius culturae.
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¿Qué debe pasar para que un proyecto de ley avance y se apruebe?
En Italia, un proyecto de ley debe superar varias etapas antes de convertirse en ley. Primero, es presentado en una de las dos cámaras del Parlamento (Senado o Cámara de Diputados), donde es discutido y eventualmente aprobado en comisiones especializadas. Luego, pasa a la otra cámara para un proceso similar.
En el caso del Progetto 752, su discusión inicial tuvo lugar en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde se consolidó junto a otras propuestas similares.
Una vez aprobado en el Senado, deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados. Si ambas cámaras lo aprueban sin modificaciones, el texto final se publica en la Gaceta Oficial y entra en vigor.
Este proceso puede enfrentarse a obstáculos, como enmiendas o vetos presidenciales, así como a la oposición política y social. En el caso de leyes controversiales como el Progetto 752, es común que surjan ajustes para lograr consenso.
¿Cuáles son los cambios que ya rigen sobre la descendencia y la ciudadanía italiana?
A finales de 2024, el Parlamento italiano aprobó una serie de medidas que incrementaron los costos para tramitar la ciudadanía italiana. Las tasas para procesos consulares y judiciales se duplicaron, pasando de 300 a 600 euros, mientras que las comunas italianas pueden imponer tarifas administrativas adicionales de hasta 600 euros.
Estos cambios han generado críticas por parte de la oposición y de representantes de la comunidad italiana en el extranjero.
Fabio Porta, diputado por Sudamérica, calificó las medidas como una “carnicería” contra los descendientes de italianos. Además, alertó sobre el impacto desproporcionado en familias con recursos limitados.
Cabe aclarar que la tarifa consular de 300 euros para el trámite de reconocimiento de la ciudadanía italiana no existe desde siempre, sino que fue implementada en 2014 por un gobierno del Partido Democrático, el que encabezaba Matteo Renzi. En aquella oportunidad, y debido a las dificultades económicas del estado, se resolvió una revisión de gastos que repercutió en un fuerte ajuste de las cuentas y la implementación de nuevos tributos, entre ellos la tasa consular para el trámite de la ciudadanía italiana y un aumento en el precio del pasaporte.
Otro cambio significativo es la reinterpretación jurídica sobre la transmisión de la ciudadanía. La Corte de Casación decidió que si un ancestro italiano se naturalizó en otro país mientras sus hijos eran menores de edad, se interrumpe el derecho a la ciudadanía para sus descendientes.

Esto representa un giro en una jurisprudencia que había favorecido a los descendientes por más de un siglo.
En conjunto, estas medidas reflejan una tendencia hacia la restricción del acceso a la ciudadanía italiana, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de millones de descendientes en el extranjero.







