En un acto institucional ante el Presidente Mattarella, la Corte Constitucional presentó su informe anual de 2025. El documento reafirma la amplia discrecionalidad legislativa sobre la Ciudadanía Italiana, permitiendo restricciones al iure sanguinis y admitiendo consultas populares sobre el tema, en su rol de guardiana de la legalidad. Qué dice el informe.
Las claves
Una reunión protocolar en un momento clave
En una ceremonia de alta trascendencia institucional celebrada en el Palazzo della Consulta, el presidente de la Corte Constitucional de Italia, Giovanni Amoroso, presentó la Relación Anual 2025 (informe de la tarea realizada) ante la presencia del Presidente de la República, Sergio Mattarella. En el documento
El acto, que reunió a las más altas autoridades del Estado, sirvió para reafirmar la misión de la Corte como «custodio de la Constitución» en un contexto internacional marcado por la fragmentación y la crisis del multilateralismo.
El informe, de 90 páginas, mencionan las posiciones de la Corte sobre la ciudadanía italiana iure sanguinis planteadas en 2025, cinluyendo la sentencia 142, que declaró inadmisible el planteo de inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 91/92, que finalmente fue derogado por la ley 74/2025.
Durante su intervención, Amoroso destacó que el 2025 fue un periodo de intensa actividad jurisdiccional, con un total de 219 pronunciamientos, divididos en 190 sentencias y 29 ordenanzas. Este volumen de trabajo refleja el papel activo del organismo en el control de las leyes y otros actos normativos, con un promedio de decisiones comparable al de otras cortes constitucionales europeas como las de Francia y Alemania.
La reunión se realiza en momentos en que la Corte analiza la inconstitucionalidad de la ley 74 (decreto Tajani), en tres causas presentadas por los tribunales de Mantova y Campobasso. También se aguarda la sentencia del caso elevado por el tribunal de Torino, que ataca la retroactividad de la norma.
Si bien se sabe que en el caso presentado por Torino el fallo es contrario al reclamo, se esperan conocer los detalles de la sentencia que podrían tener implicancias importantes en materia de estrategia judicial de los descendientes demandantes.
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Récord de sentencias: 81 declaraciones de inconstitucionalidad en un año
Uno de los datos más impactantes del informe es que, de los pronunciamientos emitidos, 81 sentencias declararon la ilegitimidad constitucional de al menos una disposición normativa. La mayoría de estas causas llegaron a la Corte a través de juicios incidentales (160 casos), lo que demuestra la estrecha conexión entre la justicia constitucional y los procesos judiciales ordinarios en Italia.
Este número de declaraciones de inconstitucionalidad subraya la función de la Corte como un «contrapeso necesario» frente al poder legislativo, aplicando límites basados en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Entre las normas invalidadas destacaron aquellas que imponían límites fijos a las indemnizaciones por despidos ilegítimos y diversas disposiciones penales que violaban el principio de proporcionalidad de la pena.
Ciudadanía italiana por descendencia (iure sanguinis): respeto a la discrecionalidad política
El informe dedica un espacio crucial al debate sobre la adquisición de la ciudadanía italiana por descendencia. La Corte reafirmó que el legislador goza de un «margen de discrecionalidad particularmente amplio» para definir los requisitos del status civitatis.
En este sentido, el tribunal determinó que no es admisible realizar una «sentencia manipulativa» que limite la adquisición de la ciudadanía por iure sanguinis. La Corte argumentó que cualquier modificación profunda en este sistema implica opciones políticas sistémicas que corresponden exclusivamente al Parlamento y no a la judicatura constitucional. Asimismo, el informe menciona la introducción del decreto-ley n. 36 de 2025 (convertido en la ley n. 74 de 2025), que establece nuevos límites a la ciudadanía por descendencia, aunque aclaró que dicha normativa no era aplicable a los juicios específicos resueltos durante ese año.
Extranjería e inmigración: límites a la discriminación y deber de socorro
En materia de extranjería e inmigración, la Corte Constitucional emitió fallos determinantes para garantizar el principio de igualdad y el respeto a los derechos humanos fundamentales:
- Igualdad y Discapacidad: Se declaró inconstitucional la norma que exigía un nivel intermedio de italiano para obtener la ciudadanía a extranjeros con discapacidades documentadas que les impidieran alcanzar dicho conocimiento.
- Acceso a la Vivienda: La Corte invalidó la normativa de la provincia autónoma de Trento que exigía diez años de residencia para acceder a viviendas de protección oficial, calificándola de discriminatoria para los extranjeros que son residentes de larga duración.
- Derecho del Mar y Socorro: El informe subraya que el socorro en el mar es una obligación prioritaria según la Convención SAR. Por ello, se estableció que no puede sancionarse a una nave que desobedezca órdenes si estas ponen en riesgo la vida humana o impiden el traslado a un puerto seguro.
- Centros de Permanencia (CPR): La Corte advirtió que el trato en los centros para repatriaciones afecta la libertad personal y, por tanto, debe estar regulado por ley y no solo por actos administrativos discrecionales.
El informe concluye recordando que la Corte se prepara para celebrar su 70.º aniversario en abril de 2026, consolidada como una institución capaz de interpretar los cambios radicales de la sociedad italiana sin invadir el terreno de las decisiones políticas.
El informe completo
El informe completo de la Corte se puede ver en este link.
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