Políticos, expertos y representantes de la diáspora denuncian en el Parlamento italiano que la ley 74 es discriminatoria, contraproducente y fue aprobada mediante un «abuso» del Gobierno.
Las claves
Conferencia sobre los cambios en la ciudadanía italiana en el Parlamento
En una conferencia celebrada en el Senado de la República Italiana, en Roma, un amplio frente de políticos, expertos y líderes de las comunidades italianas en el exterior denunció de manera contundente la nueva ley de ciudadanía italiana, calificándola de perjudicial, discriminatoria y un «gol en contra» para los intereses de Italia.
El evento, organizado por iniciativa del Senador Mario Borghese (Maie), sirvió como plataforma para criticar tanto el contenido de la norma como el método utilizado para su aprobación, y para llamar a una acción conjunta para modificarla.
Una ley «hecha por quienes no entienden»
Para legislar sobre las comunidades en el exterior, es fundamental comprender su realidad, una condición que, según los ponentes, no se cumplió en la elaboración de esta ley. El Senador Mario Borghese fue directo al afirmar que la nueva norma fue hecha por quienes «no entienden qué son los italianos en el exterior», resultando en una ley que «penaliza a tantos oriundos que viven en el mundo».
En la misma línea, Ricardo Merlo, ex Subsecretario de Asuntos Exteriores, sostuvo que la ley fue elaborada por «quienes no conocen las realidades de los italianos en el exterior». Este desconocimiento, argumentaron los críticos, se refleja no solo en el fondo de la ley, sino también en el cuestionable procedimiento legislativo que se utilizó para imponerla.
Críticas al método: «Un abuso por decreto»
El uso de un decreto-ley (un instrumento reservado para medidas de urgencia) para modificar un tema de derechos fundamentales como la ciudadanía italiana generó una profunda indignación entre los participantes.
El diputado Toni Ricciardi calificó el procedimiento como un «abuso», mostrando su indignación por recurrir a una «medida urgente» sin justificación aparente.
«Estábamos todos en la oscuridad», lamentó Ricciardi, subrayando la falta de transparencia y debate previo.
Maria Chiara Prodi, Secretaria General del Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE), se sumó a la crítica, definiendo como «deplorable» que no se haya realizado un debate sobre un tema que afecta directamente los derechos fundamentales de millones de personas.
Según los ponentes, este viciado proceso legislativo no fue un mero error de procedimiento, sino la causa directa de una ley que viola fundamentalmente el principio de igualdad para los italianos en el exterior.
Discriminación y «un mundo de apátridas»
El impacto más grave de la ley, según los expertos, es la vulneración del principio de igualdad, estableciendo jerarquías entre ciudadanos y poniendo en riesgo los derechos de los descendientes de italianos en todo el mundo.
Mariano Gazzola, Vicesecretario General del CGIE para América Latina, acusó a la norma de haber creado «diferentes categorías de ciudadanos».
«¿Con un italiano que no puede transmitir la ciudadanía italiana a su hijo porque ha nacido en el exterior, de qué igualdad hablamos?», preguntó retóricamente Gazzola.
Por su parte, Silvana Mangione, Vicesecretaria del CGIE, lanzó una advertencia aún más alarmante: la ley corre el riesgo de crear «un mundo de apátridas de origen italiano», al introducir lógicas contrarias a las de otros países. Mangione destacó la profunda ironía de esta medida, señalando que llega precisamente en un momento en que fuerzas políticas en Estados Unidos debaten la eliminación del ius soli.
Estas consecuencias no solo afectan a individuos y familias, sino que también representan un grave error estratégico para el futuro de la nación.
Un «autogol gratuito» para el futuro de Italia
En un momento en que Italia enfrenta una grave crisis demográfica, la comunidad italiana en el exterior representa un recurso estratégico vital. Sin embargo, los participantes del congreso coincidieron en que esta ley socava dicho potencial.
Ricardo Merlo utilizó una potente metáfora para describir el impacto de la norma, afirmando que el Gobierno «ha puesto un candado al futuro» al impedir el nacimiento de nuevos italianos en el extranjero.
Benedetto Della Vedova, Secretario de la Presidencia de la Cámara de Diputados y ex Subsecretario de Asuntos Exteriores, calificó la ley como un «gratuito autogol» que, en plena crisis demográfica, «aleja a personas que deberían estar cerca de Italia».
Para enriquecer el debate, la investigadora Delfina Licata desmintió mitos persistentes sobre la emigración, como la «fuga de cerebros», presentando datos del informe Rapporto Italiani nel Mondo que indican que «el 66% de quienes parten hoy tienen una cualificación media-baja».
La necesidad de un frente común por los derechos de los italianos en el exterior
El consenso del evento fue claro: la ley de ciudadanía italiana es inaceptable y debe ser modificada. La conclusión del encuentro no fue de resignación, sino un llamado a la acción.
El diputado Toni Ricciardi instó a formar un «frente común» para presionar al Gobierno y al Parlamento, asegurando que la oposición apoyará cualquier iniciativa de la mayoría para corregir la norma.
Fuente: agencia Aise
