Un reciente decreto del Gobierno italiano transformó las reglas de transmisión de la ciudadanía italiana por descendencia. En esta nota te contamos qué cambió en la normativa, quiénes pueden quedar excluidos, cuándo se define su continuidad en el Parlamento y cómo se están organizando los descendientes para defender sus derechos.
El Gobierno de Italia modificó de manera repentina y unilateral el régimen de ciudadanía italiana por descendencia mediante el decreto Tajani, publicado el 28 de marzo de 2025.
Esta nueva normativa, que entró en vigencia de inmediato, restringe severamente el derecho de millones de personas en todo el mundo a obtener la ciudadanía italiana iure sanguinis.
La medida afecta sobre todo a descendientes de italianos residentes en todo el mundo, quienes ya comenzaron a movilizarse para oponerse al decreto.
La reforma fue impulsada por el ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani y firmada por el Consejo de Ministros.
El Senado italiano debatirá su ratificación los días 7 y 8 de mayo. Si el Parlamento no aprueba el decreto en un plazo de 60 días desde su publicación, este perderá validez.
Mientras tanto, organizaciones de descendientes y abogados estudian su posible impugnación por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
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¿Cuáles son los cinco aspectos principales del cambio de la ciudadanía italiana?
El decreto Tajani introdujo restricciones inéditas al régimen de ciudadanía italiana iure sanguinis. La más significativa es la limitación generacional: solo quienes tengan al menos un padre o un abuelo nacido en Italia podrán acceder al reconocimiento automático de la ciudadanía.
Esto elimina el derecho adquirido de generaciones posteriores a solicitarla sin límites temporales.
En segundo lugar, se exige demostrar un «vínculo efectivo» con Italia. Esto puede significar, por ejemplo, que un progenitor haya residido en Italia al menos dos años antes del nacimiento del solicitante.
También se barajan otros indicadores como el conocimiento del idioma o la residencia del propio solicitante en el país.
El tercer cambio sustancial es la suspensión de nuevas solicitudes administrativas. Desde el 28 de marzo de 2025, solo se consideran válidas las solicitudes completas ingresadas hasta el 27 de marzo inclusive, o aquellas judiciales iniciadas antes de esa fecha.
La medida afectó tanto a quienes iban a presentar su trámite ante consulados como a quienes planeaban hacerlo en municipios italianos.
En cuarto lugar, el decreto prohíbe la utilización de prueba testimonial en juicios de ciudadanía. A partir de ahora, solo se admiten pruebas documentales completas, lo que dificulta validar casos donde faltan registros oficiales, como en nacimientos fuera de término o zonas rurales.
Por último, los fundamentos del decreto sostienen que la posibilidad de que millones de personas adquieran la ciudadanía sin vivir en Italia constituye un riesgo para la seguridad nacional y la estabilidad del sistema Schengen.
Este argumento generó fuertes críticas por parte de asociaciones de italianos en el exterior, que lo consideran discriminatorio y xenófobo.
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¿Por qué podría ser cuestionado por inconstitucional el decreto Tajani que cambió la ciudadanía italiana?
Diversos juristas y especialistas en derecho italiano señalaron posibles vicios de constitucionalidad en el decreto Tajani.
Uno de los principales argumentos es que una materia como la ciudadanía, que afecta derechos fundamentales, no puede ser regulada exclusivamente mediante decreto ley sin debate parlamentario previo.
La Constitución italiana establece que los decretos deben estar motivados por «necesidad y urgencia», dos condiciones que, en este caso, son puestas en duda por expertos.
Según estos críticos, el Gobierno no justificó adecuadamente por qué la ciudadanía debía ser restringida de forma inmediata, sin consulta pública ni intervención del Parlamento.
Otro punto cuestionado es la retroactividad de la norma. El decreto impide acceder a la ciudadanía incluso a quienes ya habían iniciado el proceso, si no llegaron a presentar la documentación completa antes del 27 de marzo. Esto podría vulnerar principios de seguridad jurídica y confianza legítima en el Estado.
Además, se alega que la reforma discrimina a los descendientes nacidos y residentes en el extranjero, obligándolos a probar vínculos que no se exigen a quienes nacen en Italia. Esto generaría una desigualdad ante la ley prohibida por el artículo 3 de la Constitución italiana.
En caso de que el decreto sea aprobado por ambas cámaras, organizaciones de descendientes ya preparan recursos de amparo y demandas ante el Tribunal Constitucional. Si el decreto fuera declarado inconstitucional, sus efectos podrían quedar anulados, incluso con carácter retroactivo.
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¿Qué podría pasar con el decreto Tajani el 8 de mayo y cómo se preparan los descendientes?
El futuro del decreto Tajani se definirá en los próximos días. El 8 de mayo está prevista la votación en el Senado, primera cámara encargada del debate.
Si allí se aprueba, pasará luego a la Cámara de Diputados, que deberá ratificarlo antes de fines de mayo para que se convierta en ley. Si alguna de las cámaras lo rechaza o no lo trata en tiempo y forma, el decreto caerá.
Mientras tanto, la comunidad de descendientes comenzó a organizarse a nivel internacional. Bajo la consigna “Italianos Autoconvocados”, se prepara una gran manifestación en Roma para el 3 de mayo, cinco días antes de la votación parlamentaria. La protesta busca visibilizar la oposición global a la reforma y exigir su derogación.
Además de la movilización en Italia, se están convocando protestas frente a consulados en ciudades como Buenos Aires, Montevideo, São Paulo y Caracas. En todos los casos, se sumaron colectivos de abogados, gestores migratorios y organizaciones de italianos en el exterior.
La petición lanzada en Change.org contra el decreto superó las 50.000 firmas en pocos días. El documento denuncia una “traición a la historia migratoria italiana” y exige que toda modificación en materia de ciudadanía sea discutida democráticamente en el Parlamento.
Las próximas semanas serán decisivas. Más allá del resultado parlamentario, ya se vislumbra un largo recorrido político, jurídico y diplomático para definir el futuro del derecho a la ciudadanía italiana de millones de descendientes en todo el mundo.
Esa fue una decisión unilateral y xenofoviva que afecta a millones de descendientes italianos en todo el mundo y es un acto incontistucional y no puede un simple decreto abolir de un plumazo este derecho