Un hombre logró obtener la ciudadanía italiana a través de un antepasado que emigró en 1830, generando debate en la justicia italiana. El caso, que involucra al Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Piemonte, resuelto en 2024, es un ejemplo extremo del salto generacional para obtener la ciudadanía, pero hoy es el caballo de batalla del gobierno para justificar el recorte a los derechos de los descendientes.
Cuando el Ministro Tajani presentó, hace poco más de una semana, el decreto ley que estableció restricciones al derecho de los descendientes a acceder a la ciudadanía italiana, lo mencionó. Es el caso de un ciudadano brasileño que obtuvo la ciudadanía italiana gracias a un proceso judicial basado en su vínculo con un trisabuelo nacido en 1830 y me emigró apenas un año después de la creación de Italia como Estado unificado.
La decisión del Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Piemonte, que obligó al municipio de Roure a reconocer la solicitud, generó malestar de algunos magistrados italianos que ven con resquemor la adquisición de la ciudadanía por parte de personas que, aparentemente, conservan pocos vínculos históricos y culturales con Italia.
Si bien se trata claramente de un caso puntual y extremo, es hoy el caballo de batalla de quienes quieren ridiculizar la normativa que permite adquirir la ciduadanía por reconstrucción del vínculo sanguíneo sin límite de generaciones. El tema fue abordado durante la apertura del año judicial en Italia, donde el presidente del tribunal, Raffaele Prosperi, expresó su preocupación sobre el impacto de estos casos en el sistema judicial.
Prosperi advirtió que «miles de descendientes de italianos en Sudamérica podrían seguir el mismo camino, lo que no solo sobrecargaría los tribunales, sino que también podría tener consecuencias políticas y democráticas en Italia», argumentó en la apertura del año judicial 2025.
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¿Cómo hizo el tataranieto para obtener la ciudadanía italiana a través de su pariente de 1830?
El proceso de reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia se basa en el principio del «ius sanguinis», que establece que los descendientes de ciudadanos italianos tienen derecho a reclamar la nacionalidad.
Sin embargo, en este caso, la solicitud resultó inusual debido a la antigüedad del vínculo familiar: el tatarabuelo del solicitante nació en 1830, antes de la unificación de Italia en 1861.
Para lograr el reconocimiento, el solicitante inició un proceso judicial en el TAR de Piemonte, alegando que su ascendencia italiana le otorgaba el derecho a la ciudadanía.
A pesar de las dudas del municipio de Roure, el tribunal falló a favor del peticionario y ordenó a la administración local procesar su solicitud. La resistencia del municipio obligó a la intervención judicial, lo que finalmente resultó en un juicio de cumplimiento.
El caso ha despertado cuestionamientos sobre la validez de considerar «italiano» a un emigrante que dejó el territorio apenas un año después de la fundación del Estado italiano.
Además, plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema de reconocer este tipo de reclamos cuando las pruebas documentales pueden ser escasas o ambiguas.
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¿Qué se planteó sobre el derecho a la ciudadanía italiana en la apertura del año judicial en Italia?
Durante la inauguración del año judicial, el presidente del TAR de Piemonte, Raffaele Prosperi, abordó el caso y expresó su inquietud por la creciente cantidad de solicitudes similares.
Según Prosperi, los consulados italianos en Sudamérica enfrentan un «asedio» de descendientes de italianos que buscan obtener la ciudadanía a través de vías administrativas o judiciales.
El magistrado calificó el caso como «extraño» y alertó sobre el impacto que estas solicitudes podrían tener en el sistema judicial.
Mencionó la posibilidad de que el reconocimiento de la ciudadanía basado en vínculos tan lejanos pueda ocultar prácticas ilícitas, como la falsificación de documentos o el uso fraudulento del derecho a la nacionalidad.
Otro punto crítico mencionado por Prosperi es el debate histórico sobre la nacionalidad de los emigrantes previos a la unificación de Italia.
En 1830, Italia aún no existía como Estado, por lo que considerar a un emigrante de esa época como «italiano» representa un dilema legal e identitario. Esta incertidumbre podría motivar a los tribunales a revisar los criterios de concesión de la ciudadanía por descendencia en el futuro.
¿Miedo a la generalización o chivo expiatorio del recorte de los derechos de los desciendientes?
Según algunos operadores judiciales, el precedente establecido por este caso podría generar un efecto dominó en los tribunales italianos. Alegan que miles de descendientes de italianos en Sudamérica podrían presentar solicitudes similares, lo que aumentaría la carga judicial y administrativa.
Sin embaergo, los procesos en los tribunales administrativos ya sufren demoras debido a la alta demanda de reconocimiento de ciudadanía. Representantes de los derechos de los descendientes y ciudadanos radicados en el extranjero se preguntan si el camino del Estado no debería ser una agilización y simplificación de los trámites en lugar de cercenar derecho.
El impacto político de los italianos en el exterior
En términos políticos, Algunos dirigentes temen que el reconocimiento masivo de nuevos ciudadanos italianos podría modificar el equilibrio electoral, ya que estos nuevos ciudadanos serían inscritos en las listas de votantes residentes en el extranjero, donde algunas fuerzas políticas (fundamentalmente la derecha) cuenta con menos adhesión.
Pero el miedo a que este fenómeno pueda alterar la representación en el Parlamento italiano y generar cambios en la política exterior e interior del país no tiene fundamentos reales. En 2022, de los 4.8 millones de italianos residentes en el exterior habilitados para votar según el Ministerio del Interior, solo ejercieron su derecho poco más de 1 millón, el 20% de los habilitados.
Además el gobierno italiano es parlamentario y los ciudadanos en el exterior tienen un número limitado de representantes (8 diputados y 4 senadores) que no aumentarían con una mayor participación electoral. Lo que sí es cierto es que el gobierno de centroderecha no perfora su electorado al restringir derechos de los ciudadanos en el exterior, ya que de los 12 representantes, solo ha logrado obtener 3 diputados (1 de Fratelli d’Italia, 1 de la Lega y 1 de Maie), y 1 senador (Borghese, del Maie). Los restantes 8 legisladores por el exterior pertenecen a la oposición.
El camino elegido por el gobierno
Frente a la declamada saturación de solicitudes, el Gobierno de Italia decidió impulsar una reforma legislativa para restringir el acceso a la ciudadanía por descendencia, estableciendo criterios más estrictos, como límites temporales o requisitos de residencia efectiva en Italia.
Sin embargo, no existe en el plan la adopción de ninguna medida concreta para agilizar la tramitación y evitar que estos casos lleguen a instancias judiciales, reduciendo la presión sobre los tribunales.
El caso ha puesto en evidencia las contradicciones del sistema de ciudadanía italiano y ha generado un debate sobre la identidad nacional y el derecho de los descendientes de emigrantes a reclamar la nacionalidad.
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