El Partido Popular solicitó la nulidad de la instrucción que regula la aplicación de la Ley de Nietos. El recurso apunta a los criterios utilizados para reconocer la nacionalidad española por descendencia.
¿Nuevo frente contra la nacionalidad española para descendientes?
El Partido Popular (PP) dio un nuevo paso en su ofensiva contra la aplicación de la conocida Ley de Nietos al solicitar formalmente la nulidad de la instrucción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que regula la tramitación de las solicitudes de nacionalidad española al amparo de la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática.
La petición fue presentada este lunes ante la Secretaría de Estado de Justicia y se suma a las distintas iniciativas impulsadas por la oposición para cuestionar la forma en que el Gobierno aplica la normativa que permitió a cientos de miles de descendientes de españoles acceder a la ciudadanía.
El PP pide revisar la instrucción que desarrolla la Ley de Nietos
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo sostiene que la instrucción administrativa utilizada por los consulados y registros civiles excede el contenido de la propia ley, al introducir criterios que, según entiende el partido, no están previstos en la norma aprobada por el Parlamento.
Por ese motivo, el PP solicitó una revisión de nulidad de oficio, un procedimiento previsto en el ordenamiento administrativo español para los actos que puedan estar afectados por vicios graves de legalidad.
Si la Administración rechaza la solicitud o deja transcurrir el plazo legal de tres meses sin resolver, el partido anunció que podrá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Qué cuestiona el Partido Popular
El recurso del PP se centra en la instrucción dictada por el Ministerio para facilitar la aplicación práctica de la Ley de Memoria Democrática.
Según el partido, ese documento habría ampliado algunos supuestos de reconocimiento de la nacionalidad y flexibilizado determinados criterios probatorios que la ley no contempla expresamente.
En ese sentido, la formación considera que la instrucción desborda el alcance de la norma que pretende desarrollar y sostiene que ello puede afectar a la seguridad jurídica del procedimiento.
La crítica no se dirige directamente contra la Ley de Memoria Democrática, sino contra la interpretación administrativa utilizada para aplicarla.
El antecedente de la Junta Electoral Central
La iniciativa del PP llega pocos días después de una resolución de la Junta Electoral Central (JEC) relacionada con la incorporación de nuevos ciudadanos españoles al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
En esa resolución, la JEC señaló que no tiene competencias para modificar o dejar sin efecto la Ley de Memoria Democrática, aunque sí realizó observaciones sobre la necesidad de establecer criterios homogéneos para la asignación de los nuevos electores a las distintas circunscripciones.
Además, solicitó información a la Oficina del Censo Electoral sobre distintos aspectos relacionados con la inscripción de nuevos ciudadanos residentes en el exterior.
El PP interpreta ese pronunciamiento como un respaldo a sus cuestionamientos sobre la aplicación administrativa de la norma.
Por qué existe una instrucción para aplicar la Ley de Nietos
La instrucción ahora impugnada fue aprobada para unificar los criterios que debían seguir consulados y registros civiles al tramitar los expedientes previstos en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática.
Su objetivo fue resolver las dificultades prácticas que presentaban numerosos solicitantes para acreditar determinadas circunstancias, especialmente aquellas relacionadas con el exilio o con hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El documento establece los criterios interpretativos y la documentación que puede admitirse en distintos supuestos previstos por la ley.
Qué puede ocurrir ahora
La Secretaría de Estado de Justicia deberá analizar la solicitud presentada por el Partido Popular.
La legislación administrativa prevé un plazo máximo de tres meses para resolver este tipo de procedimientos.
Si la petición fuera rechazada, o si no existiera respuesta dentro de ese plazo, el PP podría trasladar el conflicto a los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo.
Por el momento, la presentación del recurso no modifica el funcionamiento de la Ley de Nietos ni afecta la tramitación de los expedientes que continúan gestionándose en consulados y registros civiles.
Una nueva ofensiva contra la aplicación de la Ley de Memoria Democrática
La solicitud de nulidad se suma a otras iniciativas impulsadas por el Partido Popular y por Vox en relación con la Ley de Memoria Democrática.
En las últimas semanas, ambas formaciones cuestionaron distintos aspectos vinculados con el impacto de las nuevas nacionalidades en el censo electoral de españoles residentes en el exterior, aunque por vías diferentes.
Mientras Vox promovió actuaciones ante la Junta Electoral Central relacionadas con el CERA, el PP optó ahora por impugnar directamente la instrucción administrativa que regula la aplicación de la Ley de Nietos.
La resolución que adopte la Secretaría de Estado de Justicia será el primer paso para determinar si ese cuestionamiento continúa exclusivamente en el ámbito administrativo o termina trasladándose a los tribunales.
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El partido popular español ya no sabe que va a decir o cuestionar porque en ves de darle apoyo político a los descendientes españoles que por nuestra sangre y raíces familiares nos unieron en nuestro antepasado por nuestra familia de nuestros abuelos y bisabuelos que tuvieron que emigrar al exilio por ser perseguidos políticos o por su religión o ideología política ese partido político popular debiera de haber apoyado una ley justa sin embargo el PSOE logró llegar aprobar una ley en favor de nosotros los descendientes españoles es por eso que nosotros los descendientes españoles les estamos agradecido eternamente a ese partido político del PSOE con ese odio y sin apoyar a esos descendientes españoles el partido popular no llegará a nada
si mis nietos, que aún no los tengo me dijeran Abuelo queremos ser Españoles para mí sería un orgulloso, un honor, jamás echaría a mi propia sangre
La verdad ya es el colmo, años esperando, años pagando documentos, viajes a buscar informacion, dias metidos en archivos indagando todo para presentar un expediente como dicta la ley y ahora esto, muchos han ganado bastante dinero a cuenta de los tramites de los descendientes ha sido negocio redondo y ahora quieren negar lo que por derecho de sangre nos corresponde.
Deberían de apoyar esa ley no cuestionarla y mirar también la necesidad de poblar esas partes de España, quienes mejor que los descendientes
Derogar la ley no puede ser la mejor decisión puesto de que todos los desendientes de españoles en cualquier país que nos encontremos por derecho de sangre de nuestras raíces y de nuestros antepasados nos pertenece la nacionalidad española
Es una muestra del carácter xenofobico y racista del PP y de Vox, en contra de los desendientes de sangre española, desconocen las vicisitudes, imposibilidades, y demoras entre otras cosas por las que hay que pasar… es una vergüenza las imputaciones que quieren hacer, no defienden a los desendientes, son una vergüenza para la democracia española, que tanta sangre y sacrificio ha costado implementar…Que Dios los perdone!!!