La Junta Electoral Central de España desestimó la petición de Vox para paralizar las inscripciones de nuevos españoles en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Aunque la decisión supone un revés para la estrategia del partido de Santiago Abascal, la formación mantiene abierta una ofensiva política y jurídica para derogar la Ley de Memoria Democrática, lo que mantiene la incertidumbre entre miles de descendientes con expedientes aún en trámite.
La ofensiva de Vox contra la conocida como Ley de Nietos sufrió un importante revés institucional. La Junta Electoral Central (JEC) rechazó la solicitud presentada por el partido de Santiago Abascal para suspender las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de las nacionalidades concedidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
La decisión representa una victoria para el Gobierno español y para los descendientes de españoles que han obtenido o están tramitando la nacionalidad. Sin embargo, el conflicto está lejos de terminar.
Vox ya anunció que continuará impulsando otras iniciativas políticas y judiciales para intentar derogar la Ley de Memoria Democrática y cuestionar el proceso de concesión de nacionalidades, lo que mantiene abiertas dudas sobre el futuro de quienes todavía esperan la resolución de sus expedientes.
¿Qué pidió Vox a la Junta Electoral?
La formación liderada por Santiago Abascal presentó una solicitud para que la Junta Electoral Central ordenara:
- una auditoría externa del censo electoral de residentes en el exterior;
- la suspensión cautelar de nuevas inscripciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática;
- y una revisión del impacto electoral que, según el partido, tendría la incorporación de cientos de miles de nuevos ciudadanos españoles.
Según Vox, el Gobierno estaría utilizando la Ley de Nietos para realizar una supuesta «ingeniería electoral», incorporando nuevos votantes al censo con fines políticos.
El partido sostiene que la aceleración de los expedientes podría modificar el equilibrio electoral en futuras elecciones generales.
Por qué la Junta Electoral rechazó el reclamo
La Junta Electoral Central descartó todos esos planteos.
El organismo recordó que el Ministerio de Justicia está aplicando una ley vigente aprobada por el Parlamento, por lo que las nacionalidades concedidas y las correspondientes inscripciones en el censo gozan de la presunción de legalidad.
Además, señaló que:
- los consulados actúan conforme a la normativa vigente;
- no existen pruebas de un fraude sistemático;
- y no es posible suspender el ejercicio de un derecho reconocido por ley únicamente sobre la base de sospechas o conjeturas políticas.
En otras palabras, mientras la Ley de Memoria Democrática continúe vigente, la Administración debe seguir resolviendo expedientes e incorporando al censo a quienes adquieren la nacionalidad española.
¿Qué objeta Vox de la Ley de Nietos?
La oposición de Vox a la Ley de Memoria Democrática no se limita al aspecto electoral.
El partido considera que la norma supone una utilización política de la nacionalidad española y cuestiona tanto su fundamento histórico como sus consecuencias demográficas.
Entre sus principales críticas se encuentran:
- que la ley permite una incorporación masiva de nuevos ciudadanos españoles;
- que podría sumar millones de nuevos electores residentes fuera de España;
- y que modifica el cuerpo electoral sin consultar previamente a los ciudadanos españoles.
En declaraciones recientes, dirigentes de Vox incluso afirmaron que la nacionalidad española «no pertenece al Gobierno» y anunciaron una ofensiva institucional para poner fin a una norma que, a su juicio, «altera el valor de ser español».
La estrategia de Vox no termina en la Junta Electoral
Aunque la Junta Electoral rechazó su petición, Vox mantiene abiertas otras vías para intentar cambiar el escenario.
La principal sigue siendo su compromiso de derogar la Ley de Memoria Democrática si llega al Gobierno.
Paralelamente, la formación ha trasladado sus denuncias a instituciones europeas, donde sostiene que el proceso de nacionalizaciones podría afectar la seguridad jurídica y el equilibrio democrático.
El debate también ha alcanzado a otros partidos.
El Partido Popular ha endurecido recientemente su discurso sobre el impacto electoral de la Ley de Nietos, aunque jurídicamente existe una diferencia importante.
Cuando presentó su recurso inicial contra la Ley de Memoria Democrática, el PP no solicitó la anulación de la disposición que creó la conocida Ley de Nietos, una circunstancia que varios analistas consideran contradictoria con su posición política actual.
¿Qué pasaría si Vox lograra derogar la Ley de Nietos?
Es una de las preguntas que más preocupa a los descendientes que todavía tienen expedientes abiertos.
La respuesta depende de la situación concreta de cada persona.
Quienes ya obtuvieron la nacionalidad
Los especialistas consideran que las nacionalidades ya concedidas cuentan con un elevado nivel de protección jurídica.
La razón es que la Ley de Memoria Democrática reconoce la nacionalidad española de origen, una categoría especialmente protegida por el ordenamiento jurídico español.
Revocar esas nacionalidades supondría abrir complejos procedimientos administrativos y superar importantes obstáculos constitucionales relacionados con la seguridad jurídica y la protección de los derechos adquiridos.
Por ese motivo, numerosos juristas consideran que una revocación masiva resultaría extremadamente difícil.
El mayor riesgo está en los expedientes pendientes
La situación cambia para quienes todavía no recibieron una resolución favorable.
Si una futura mayoría parlamentaria derogara la Ley de Memoria Democrática o modificara sus requisitos antes de que esos expedientes fueran resueltos, podría alterarse el marco jurídico aplicable.
Entre los escenarios que algunos expertos consideran posibles figuran:
- la incorporación de nuevos requisitos para probar la condición de descendiente de una persona emigrada a causa de la guerra civil o de la dictadura franquista;
- mayores exigencias documentales;
- la necesidad de acreditar vínculos adicionales con España;
- o incluso la desaparición del procedimiento extraordinario previsto por la Ley de Nietos.
Por ahora, sin embargo, se trata únicamente de hipótesis políticas.
No existe ninguna decisión que modifique los expedientes actualmente en tramitación.
Más de medio millón de nacionalidades ya fueron aprobadas
El proceso de aplicación de la Ley de Memoria Democrática ha tenido un alcance histórico.
Según los últimos datos oficiales disponibles:
- más de 545.000 expedientes ya recibieron resolución favorable;
- más de 306.000 personas ya figuran inscritas en los registros civiles consulares y forman parte del censo electoral español.
La mayor parte de las solicitudes se presentaron desde países iberoamericanos, especialmente Argentina, Cuba, México, Venezuela y Uruguay, donde residen importantes comunidades de descendientes de españoles.
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Y tú, ¿qué opinas de la campaña de Vox en contra de la nacionalización de los descendientes de españoles? ¿Es un derecho histórico o el Gobierno Español está entregando nacionalidades de manera irresponsable? Te leemos en comentarios.
La LMD ya caducó por lo tanto no puede ser “derogada” una ley que ya no existe. No hay litis para un planteamiento de esa naturaleza.
Van a honrar lo que firmaron los diputados. Pienso no hay nada que temer.
La ley de Memoria Democrática está vigente. Lo que caducó es el plazo para solicitar la nacionalidad por descendencia para nietos de españoles que abandonaron el país por la guerra civil o la dictadura.
La derogación de la Ley de Memoria Democrática podría implicar la caducidad de los trámites iniciados si el estado decide revertir la norma. El haber iniciado un trámite no implica un derecho adquirido necesariamente, y en esta situación están casi 2 millones de descendientes. La nota lo explica.
La Ley de Memoria Democrática (LMD) es un derecho histórico
Es un derecho histórico. Mis abuelos eran españoles, mi madre nacida en Argentina obtuvo su nacionalidad española. Mi hermanos, sus hijas y yo tenemos sangre española en nuestras venas. Nuestros expedientes están en trámite. Que una cuestión política no rompa el sueño de sentirnos españoles también.
Tengo la ciudadanía española desde el 2012, por parte paterna. Mis dos hijos mayores de edad, iniciaron el trámite a fines del 2022 el consulado de Mendoza.
uno de mis hijos ya la obtuvo hace un mes y del otro no nos llegó ningún tipo de información. Pueden dejar afuera a un hijo y al otro no?
Cada trámite es particular, y si la justicia española hace lugar al reclamo de Vox y cambia los criterios de aceptación de los expedientes, podrían rechazar el trámite del hijo que aún no lo ha finalizado. Eso es algo que deberá determinar la justicia, pero lo importante es comprender que iniciar un trámite no implica un derecho adquirido.
Considero que nunca fueron lo suficientemente claros en materia de información y hubo una gran lentitud en las resoluciones, sin tener en cuenta aspectos claves como quienes somos los hijos de españoles, descendientes directos, incorporando luego a muchos cuya ascendencia era lejana. Por otro lado los con sus lados no estaban preparados y quedaron colapsados, proporcionando información divergente entre las distintas provincias de Argentina.
Entiendo y conozco el problema que atraviesa Europa con la inmigración ilegal, y con quienes no mantienen las costumbres, el idioma e incluso la religión. Pero gran parte de la mayoría de argentinos que solicitamos como derecho la ciudadanía, mantenemos la raza, la cultura, la religión o al menos no luchamos contra los valores occidentales de España. Y tenemos amplia formación siendo profesionales, o portadores de algún tipo de oficio. Es contradictorio que quieran mantener la occidentalización de Europa y por otro lado rechacen a quienes llegamos a nuestro ADN un 100% europeo principalmente español e italiano.
La ascendencia nunca es lejana, el A DN de los bisnietos, está en los nietos e hijos y sin esos bisnietos son la generación activa que retorna para trabajar y estudiar en España.
La Ley de Nietos o Ley de Memoria Democrática es un derecho histórico, y el Gobierno español no está entregando nacionalidades de forma irresponsables, al contrario, de forma muy bien justificadas y avaladas, la razón es que la Ley de Memoria Democrática reconoce la nacionalidad española de origen, una categoría especialmente protegida por el ordenamiento jurídico español. Debe continuarse con la tramitación de los expedientes solicitados. Gracias por la oportunidad de opinar.
Es un derecho histórico
Es un derecho histórico que fue postergado por años !! Mis abuelos paternos eran españoles y mí padre no pudo obtener la ciudadanía porque mí abuela no se la podía otorgar por ser mujer ( era otorgada solo a través del padre). Mí padre falleció sin poder tener la ciudadanía. Presente toda mí documentación en el Consulado de Mendoza en julio de 2023 pero resuelve CABA. Aún estoy a la espera de una resolución. Tengo 70 años y ruego a Dios me de vida para poder decir » soy española por herencia sanguínea «
Buenos días, no creo que haya nada irresponsable. Los hoy residentes en otros países que tienen ancestros españoles deben recibir con justicia lo que por ley de sangre les pertenece. Lejos de atacar a los que tramitan sus procesos de ciudadanía los diferentes partidos deben mostrar sus propias propuestas de gobierno y que el pueblo vote por quien mejores garantías gubernamentales ofrezca. Los que hoy han tramitado sus expedientes se han sometido a búsquedas indescriptibles de documentos, gastos incontables, momentos y trámites estresantes y muchas veces inhumanos, sólo para demostrar que nuestros abuelos a pesar de vivir lejos de su Patria y bajo extremas condiciones nunca renunciaron a ella y a su bandera y todo lo que nos legaron, por eso son tan o más españoles que tienes de mantuvieron seguros en tierra firme. La puja política no debe ser usada para herir sentimientos familiares.
Además ya la LMD cumplió su período legalmente.
Que poco reconocimiento y homenaje le hacen algunos políticos de hoy aquellos españoles que dejaron su tierra para buscar nuevas oportunidades, aquellos españoles fueron los primeros embajadores, trayendo su cultura, sus comidas, creando asociaciones para mantener la cultura viva de sus lugares de origen, trasmitiendo sus tradiciones a sus descendientes. Prima el egoísmo partidario pensando en que pueden perder una elección por votos del extranjero, algo totalmente falso, cuantos millones y millones de españoles de origen viven en España, 600.000 mil votos van a marcar la diferencia no creo, porque después cada uno vota lo que le parece o anula el voto, no todos van a votar al gobierno de turno, sencillamente porque el ser humano es así cambiante. Acá lo importante es, reconocer a los descendientes como españoles, reparar la injusticia de que si una mujer se casaba perdía su nacionalidad, por el simple hecho de ser mujer, que los inmigrantes venían y no sabían que la nacionalidad se trasmitia qué tenían derechos que su Estado los protegía, muchos eran analfabetos, por consiguiente ignoraban un montón de derechos, ellos solo venían a trabajar a tener una calidad de vida mejor, para ellos y sus hijos, y vivían con el dolor de haber dejado su tierra, porque la inmigración es un hecho doloroso sea el motivo que sea. Ojalá que prime el Reconocimiento al egoísmo y que haya leyes más justas, qué miren a los descendientes como parte de España.
Yo estoy en trámite, esperando desde hace mucho tiempo la resolución favorable.
-Es un derecho que hemos esperado durante años durante toda la Vida.
Entendido, pero la pregunta persiste: en el caso de procesos que aún están en curso, que se iniciaron dentro del plazo correcto, de acuerdo con la Instrucción que rige la ley vigente, que presentaron los documentos correctos, que confiaron en la orden impuesta por el gobierno y que ahora están a la espera de resolución, ¿ofrece el ordenamiento jurídico español alguna protección en estos casos?