Varados por la Ciudadanía italiana: qué reclaman, cómo se organizan y qué les recomiendan hacer 2 especialistas

Tras los cambios en la ciudadanía italiana, miles de personas quedaron en un limbo legal. Vendieron todo para viajar a Italia, y el repentino cambio en la legislación los deja sin derecho a solicitar
el reconocimiento de la nacionalidad. Qué le exigen al gobierno y qué les recomiendan los profesionales.

El sueño de cambiar de vida, convertido en una pesadilla

El 28 de marzo pasado, el gobierno anunció que cambiaba drásticamente los requisitos para solicitar la ciudadanía italiana. “Desde ayer a medianoche, las reglas no serán las mismas”, indicó el Ministro de Exteriores y vicepresidente del gobierno italiano, Antonio Tajani.

Entre los principales cambios, se eliminó la posibilidad de que bisnietos y tataranietos puedan solicitar el reconocimento de la ciudadanía italiana. También se le impuso a los hijos y nietos de ciudadanos nuevos requisitos para solicitar la ciudadanía italiana que no existían al momento en que tomaron la decisión de iniciar el trámite, o de vender todas sus pertenencias para comprar un boleto de avión y migrar a la tierra de sus ancestros.

Ahora, la ley ha sido ratificada por el Parlamento, con cambios, pero la pésima situación se tornó peor aún. No tienen dinero para volver, ni pueden presentar sus solicitudes de ciudadanía italiana en las comunas de Italia porque los nuevos requisitos no los contemplan. 

Mediante grupos de WhatsApp, los italianos por nacimiento varados en Italia han comenzado a contactarse y tratan de ayudarse recíprocamente. Quieren que el Gobierno les brinde una respuesta que los saque de la situación de angustia y vulnerabilidad en la que se encuentran.

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Qué reclaman los italianos por descendencia varados por el decreto 36

Según la ley italiana, vigente al menos hasta el 27 de marzo pasado, el hijo de un italiano es italiano, incluso antes de que el Estado lo reconozca formalmente (cuando tramitan y se los declara ciudadanos italianos). 

Basados en ese derecho, miles de personas (como otros centenares de miles lo hicieron meses y años antes), tomaron la decisión en el último tiempo de viajar a Italia para tramitar ese reconocimiento formal y, muchos de ellos también, comenzar una nueva vida en la tierra de sus ancestros.

Nada indicaba que de un día para el otro, el Estado iba a cambiar drásticamente las reglas de juego y suprimiría este derecho de la noche a la mañana. Incluso la Primer Ministra del Gobierno de Italia, Giorgia Meloni, había dicho semanas antes en una conferencia de prensa brindada en el mismo Parlamento italiano, que la legislación sobre ciudadanía italiana era buena y no había motivos para cambiarla.

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¿El Gobierno está obligado a dar respuesta a los varados?

Pero la ley cambió, de golpe y, según muchos de los damnificados y especialistas, de un modo “innecesariamente repentino”. Esta forma de cambio produjo un perjuicio enorme a personas que habían viajado, o estaban en proceso de hacerlo, pero todavía no habían iniciado sus trámites de reconocimiento de la ciudadanía italiana.

Algunos dejaron su trabajo, vendieron su patrimonio, tomaron sus ahorros y junto a sus hijos, se embarcaron a un viaje a otro país a más de 10 mil kilómetros de distancia. Ninguna de estas personas asumió un riesgo desmesurado ni imprudente. La ley y el Gobierno italiano les habían indicado y ratificado de diversas formas que tenían un derecho adquirido.

Esto es fundamentalmente lo que hoy miles de personas reclaman en Italia, que la política tomó una decisión que los perjudicó drásticamente al punto de ponerlos en una situación de vulnerabilidad, sin ningún motivo de peso para hacerlo de ese modo, y hasta el momento, sin darles una solución que los resguarde frente a las consecuencias de la medida.

Ninguno de los damnificados plantea que el Estado Italiano no tiene derecho a cambiar (dentro de las normas vigentes) su política o la legislación vigente. Pero sí está bajo la lupa que haya cercenado derechos ya adquiridos, y que no esté haciéndose cargo de los perjuicios generados.

Qué dicen 2 profesionales sobre la situación de los varados

Operadores de la materia y abogados especialistas consultados por InfoCivitano coinciden en que las medidas del Gobierno italiano generaron perjuicios que son su responsabilidad y por lo tanto, debe dar respuestas. 

Mónica Restanio, presidenta de la asociación Auci (Abogados Unidos por la Ciudadanía Italiana), sostiene que la medida del gobierno ha violado innumerables principios fundamentales que deben respetar las normas legales.

En particular señala la falta de progresividad, que significa que los Estados tienen la obligación de avanzar, de manera gradual y progresiva, en la implementación y garantía de los derechos de las personas, sobre todo si se trata de eliminar de raíz derechos adquiridos.

En tal sentido, indica que no solo se trata de la legislación italiana, sino también de tratados internacionales, de la Unión Europea y su frondosa jurisprudencia. 

“En uno de los últimos fallos, sobre un caso de Dinamarca, la Unión Europea dictaminó que en casos de limitación de los derechos a la ciudadanía italiana, aún menos graves que este, tiene que haber una progresividad y a su vez, garantizar al damnificado un examen individual de su caso”, afirma. “El estado tiene atribuciones para cambiar la legislación, incluso los derechos que reconoce, pero no a través de estas modalidades, con un DNU, sin aviso previo ni permitir que la gente tome medidas. Sobre todo, insistió, sin examinar el caso particular de cada uno”, explica.

Restanio afirma que “en este caso se ha vulnerado el legítimo affidamento (o sea la confianza que los individuos tienen en el Estado) que está también integrado por el principio de buena fe que debe inspirar la conducta de la Administración Pública, y de todos los órganos que ejercen una función pública. Se han violado los principios de no discriminación, de no agravar el procedimiento, entre otros”. 

“Es algo que el Parlamento también debería haber protegido, porque está en ejercicio funciones públicas. El privado confía que el Estado que tiene un nivel más alto de responsabilidad, un deber de seriedad en cada uno de sus actos, actúe conforme a derecho” afirma, y agrega que en base a ello “nunca se espera recibir un golpe bajo como este, porque esto fue un golpe bajo”.

Restanio también indica que, desde su punto de vista, también se ha violado uno de los principales principios: el de la legalidad: “La administración pública tiene la obligación de respetar las leyes empezando por la Constitución Nacional. Y el privado, precisamente porque confía en el Estado, no se espera que este no siga el camino que marcan las leyes y la jurisprudencia nacional”.

“Quienes están varados confiaban en que el Estado no les iba a tender esta trampa, esta encerrona que los llevaron a estar en esta situación de extrema urgencia, de necesidad y de mucha vulnerabilidad. Les han destruido la vida, porque ellos tenían un proyecto de vida basándose precisamente en este legítimo affidamento”.

Restanio cree que “esto es algo que va a estar anulado, si no es por la Corte Constitucional, será a través de la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No hay forma de que esto se sostenga, si no hay presiones políticas que primen sobre el derecho y la Justicia”. 

Además, si bien reconoce que tanto quienes esperaban tramitar su ciudadanía italiana por vía consular, como quienes viajaron a Italia, todos han sido perjudicados, Restanio señala que quienes están varados en Italia tienen una situación mucho más delicada y tienen derecho a una mayor tutela jurídica ya que han perdido todas las redes de contención familiar y social que tenían en su país de origen. 

¿Qué pueden hacer los varados en Italia?

En diálogo con los grupos de varados, varios especialistas de la materia han brindando algunas recomendaciones:

Mónica Restanio recomienda intimar a las comunas que ya no reciben la solicitud de reconocimiento a quienes cumplían los requisitos previos al decreto 36, para que informen sobre los motivos del por qué no se la admiten, y así tener las bases para llevar el problema ante la Justicia . 

“Es importante que el solicitante deje expresamente asentado que no acepta renunciar a sus derechos, y que llegó a Italia confiando en el legítimo affidamento, principio que no es solo de aplicación nacional, sino también euro unitaria”. 

“Ya sea que la Comuna responda o que en el plazo determinado (30 días) no lo haga, puede continuar el íter de su reclamo a través del procedimiento del artículo 700, que es un recurso de urgencia, que tiene tiempos breves. A la vez, debería iniciarse una causa ordinaria en reclamo del status civitatis que hoy pretenden quitarles. Son dos procedimentos que deberían correr paralelamente”. 

En este caso, aclara la abogada, es importante probar que se es titular del derecho vulnerado, y del peligro que genera la demora o la negativa de la Administración, acarreando pérdidas irreparables. En teoría, añade, en ambos procedimientos se puede solicitar al Juez que emita una orden al Ministerio del Interior para que les otorgue un permiso de residencia hasta tanto el asunto se resuelva definitivamente.  

Por su parte, el sociólogo Daniel Taddone, consejero del CGIE, también habló del tema en sus redes sociales, y afirmó que la mejor vía es el agrupamiento de los damnificados. 

Grupos de WhatsApp, entre la necesidad y la desconfianza

Mientras tanto, miles de descendientes se van agrupando en comunidades de WhatsApp en las que comparten consejos, información y también tratan de brindarse apoyo colectivamente.

Pero mientras algunos celebran estos espacios de contención, otros sienten que son peceras donde gestores o abogados aprovechan para pescar frente a la situación de incertidumbre o necesidad.

Los damnificados se reúnen en grupos en torno a personas de las cuales no saben nada, y les brindan información que a veces no pueden corroborar. 

Esta situación ha generado tensiones en algunos grupos, con administradores que centralizan la información y participantes que realizan acusaciones de fraude sin pruebas concretas ni denuncias formales. 

El costo de la representación legal, por otra parte, tiene su costo, y puede estar fuera del alcance de muchas de las personas que llegaron a Italia “con lo justo”. Otros, con algo de ahorros, prefieren preservarlos ante la incertidumbre de lo que puede venir. Pero encontrar una solución que incluya un permiso de residencia y trabajo es seguramente la solución que los varados necesitan hasta que se resuelva la inconstitucionalidad de la ley.

Al momento no queda claro quién puede representar los intereses de los damnificados, ante la ausencia de la política y la agresión desde el Estado, los damnificados se aferran a influencers y gestores como una tabla en medio del naufragio.