Natitaliani presentó una intervención ante la Corte Constitucional italiana para impugnar las restricciones de la Ley 74, conocida como «Decreto Tajani», a la ciudadanía italiana iure sanguinis.
Las claves
Se acerca una batalla decisiva para la ciudadanía italiana de los descendientes
A días de la audiencia ante la Corte Constitucional en la que se debatirá la legalidad de la ley 74 (decreto Tajani), la organización Natitaliani (una agrupación de abogados y gestores de ciudadanía italiana por derecho de sangre) presentó ante la Corte Constitucional un elaborado documento que reúne argumentos jurídicos y políticos contra la controvertida norma.
Esta acción jurídica, presentada el martes pasado, busca proteger el derecho al reconocimiento de la ciudadanía frente a las trabas administrativas que generan una situación de fragilidad para los descendientes.
Se trata de un documento de 48 páginas depositado por la organización Natitaliani ante el máximo tribunal «con el objetivo de salvaguardar los derechos de los italianos nacidos en el extranjero».
Sobre esto, InfoCivitano habló con Daniel Taddone, presidente de la organización Natitaliani.
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Un paso adelante en la defensa del iure sanguinis
«La intervención de una organización civil en un proceso de la Corte Constitucional constituye un paso concreto en defensa de la comunidad de descendientes en el exterior», según lo expresa el comunicado oficial de Natitaliani, que también destaca que «el objetivo es ofrecer a los jueces un cuadro claro que permita considerar los intereses de los oriundi en el fallo final» de la Corte. Sin embargo, el presidente de Natitaliani reconoció que no es seguro que la Corte termine finalmente admitiendo el documento.
Los integrantes de esta asociación buscan por otra parte neutralizar las narrativas de la «falta de relación» o ausencia de un «legame effettivo» (vínculo efectivo) con Italia, argumentos utilizados para justificar las restricciones al derecho de ciudadanía.
La intervención pretende influir en el juicio que determinará si las recientes trabas administrativas son compatibles con el ordenamiento constitucional italiano.
El sustento jurídico y los expertos involucrados
«El respaldo académico de alto nivel es determinante en procesos constitucionales para transformar una demanda social en un cuestionamiento jurídico riguroso.» indican desde Natitaliani, cuyo presidente habló con InfoCivitano el miércoles.
El documento fue redactado por los profesores Andrea Pertici y Simone Marinai, de la Universidad de Pisa, especialistas de amplia trayectoria en derecho, con la coordinación técnica de las abogadas Silvia Contestabile y Flavia Di Pilla, ambas con la categoría de cassazioniste, habilitadas para actuar ante las altas cortes.
Taddone también destacó la participación de otros profesionales del espacio, como la avvocato Ítaloargentina Mónica Restanio, protagonista en primera línea de los debates que se sustancian en la Corte de Casación y en la Corte Constitucional por estos días.
Según Natitaliani, la profundidad del texto técnico permite elevar el reclamo por encima de la queja mediática, enfocándose en la solidez de los argumentos legales. El volumen y rigor del escrito demuestran la seriedad con la que se busca frenar la arbitrariedad de la normativa vigente.
La «categorización» de los ciudadanos
Uno de los cuestionamientos que se incluyen en el texto (del que aún no se precisó si se hará una publicación integral o alguna versión resumida) es la vulneración del principio de igualdad garantizado por el Artículo 3 de la Constitución Italiana.
Daniel Taddone denunció que la Ley 74 fomenta la creación de un «tribunal de italianidad» dentro de las oficinas consulares.
Este sistema obliga a los funcionarios a realizar un «triage» arbitrario de documentos para clasificar a los ciudadanos en clases, desde la «A» hasta la «E», según su genealogía.
Para la organización, esta estratificación burocrática basada en el árbol genealógico rompe con la igualdad ante la ley y genera ciudadanos de categorías inferiores. Esta jerarquización provoca una desprotección institucional especialmente crítica para los descendientes residentes en Sudamérica.
Natitaliani: un espacio de contrainformación frente a la «difamación» mediática
Según explicó Daniel Taddone, la asociación Natitaliani se constituyó formalmente entre octubre y noviembre de 2024 para actuar como una herramienta de batalla cultural y comunicativa. Su naturaleza se intensificó tras el «terremoto» de las tasas judiciales de diciembre de 2024 y la posterior publicación del decreto Tajani, al que muchos califican como «decreto de la vergüenza».
Según especificó su presidente, Natitaliani busca ofrecer contrainformación ante lo que consideran una campaña de estigmatización en la prensa italiana, que suele tildar a los descendientes de «aprovechadores».
A través de datos verificables y defensa legal, la organización intenta revertir el estigma de las «falsas ciudadanías» utilizado para justificar recortes de derechos. “La misión es dar voz a un grupo que históricamente careció de representación unificada frente a la administración central”, explicó Taddone.
Próximos pasos: fechas clave y expectativas judiciales
El calendario judicial ya tiene una fecha crítica marcada para el 11 de marzo, cuando se llevará a cabo la audiencia ante la Corte Constitucional. El caso llega a esta instancia tras las ordenanzas de remisión emitidas por los tribunales de Turín y Mantua, que detectaron posibles vicios de inconstitucionalidad en la ley.
Taddone explicó que existe un «prudente optimismo» sobre el desenlace del proceso. La Corte podría declarar la inconstitucionalidad por un vicio formal —lo que anularía todo el decreto— o por un vicio sustancial que afecte artículos específicos. Se estima que la sentencia definitiva podría conocerse entre los meses de abril y mayo de este año.
Respecto a los rumores surgidos en los últimos días, el sociólogo negó que se haya conocido la remisión de un tercer caso a la Corte, proveniente de Roma, para ser tratado en la audiencia del 11 de marzo. La entrevista no menciona la remisión a la Corte Constitucional del tribunal de Campobasso porque fue realizada horas antes de conocerse la noticia.
También descartó los rumores de que en febrero podría haber una sentencia de la Corte de Casación (Corte Suprema de Justicia en Italia) en el asunto de los menores (minor issue).
La Corte abordará este asunto en una modalidad de «secciones unidas», un formato en el que los presidentes de cada sección de la Corte constituyen un colegio y cuyo dictámen establece criterios de interpretación legal vinculantes para todo el poder judicial. Esta audiencia aún no tiene fecha, y se estima que no se realice hasta después de la sentencia de la Corte Constitucional en el caso del Decreto Tajani.
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Buenas tardes. Bendiciones. Daniel gracias por la información. Me urge saber más con respecto al permiso de soggiorno laboral. Quiero viajar a Italia para esperar la resolución,pero con un trabajo y una residencia allí. Bendiciones espero una respuesta. Gracias por tu escucha activa a la sociedad.