España anunció que los menores migrantes no acompañados deberán ser trasladados desde los territorios de primera entrada a otras comunidades autónomas en un plazo máximo de 15 días. La medida de acogida de menores busca resolver el hacinamiento en regiones fronterizas y garantizar derechos básicos. Los detalles del plan serán explicados en esta nota.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró en una entrevista en el programa Hora 25 del pasado lunes que el Gobierno de España aplicará un mecanismo legal de acogida de menores para asegurar que los niños y menores no acompañados tengan garantizado su traslado en un plazo máximo de 15 días.
La medida forma parte de un decreto que será aprobado en Consejo de Ministros y que establece criterios de solidaridad entre comunidades autónomas.
Torres explicó que el sistema busca evitar que Canarias, Ceuta y Melilla asuman en solitario el impacto migratorio, ya que estas zonas concentran miles de menores en condiciones de hacinamiento.
El reparto será obligatorio, tendrá respaldo jurídico y las autonomías estarán legalmente obligadas a acoger a los menores. El ministro recalcó que se trata de un asunto humanitario, vinculado al respeto de los derechos de la infancia y de los compromisos internacionales de España.
¿Cómo se aplicará la ley para garantizar la acogida de menores migrantes en España?
El plan gubernamental establece que, ante una contingencia migratoria, los menores que lleguen a Canarias, Ceuta o Melilla deberán ser trasladados en un plazo máximo de 15 días a otras comunidades autónomas.
La reforma se apoya en la modificación del artículo 35, que ya fue aprobada y convalidada por las Cortes.
El traslado no será opcional. El Gobierno explicó que la ley tiene fuerza vinculante y que la negativa de una autonomía a acoger a los menores significaría incumplir la legislación.
El Tribunal Constitucional ya rechazó suspender la aplicación de este mecanismo cuando fue recurrido por comunidades gobernadas por el Partido Popular.
El procedimiento incluye la presencia de adultos acompañantes: por cada cinco menores viajará un responsable mayor de edad que se hará cargo del grupo durante el traslado.
Una vez que los niños y adolescentes lleguen a su destino, la tutela pasará directamente a la comunidad receptora, que deberá garantizar alimentación, escolarización, atención médica y un entorno seguro.
El Gobierno recalcó que el reparto no será arbitrario. Se utilizarán criterios objetivos definidos por los servicios de infancia de cada autonomía, que acreditan el número de menores ya acogidos y el esfuerzo realizado previamente.
De esta manera, comunidades con mayor capacidad y menor carga actual deberán asumir un porcentaje superior.
¿Qué es el traslado obligatorio y la protección en el plan de acogida de menores migrantes?
El traslado obligatorio es la pieza central del plan. Consiste en que los menores migrantes no acompañados no permanezcan en territorios fronterizos más allá de quince días.
La medida se justifica en la necesidad de evitar hacinamiento y garantizar que los niños y adolescentes reciban la protección debida en condiciones dignas.
El ministro Torres subrayó que este sistema se inspira en los principios de solidaridad y reparto equitativo.
Puso como ejemplo que Canarias, con apenas dos millones de habitantes y un territorio fragmentado en ocho islas, no puede asumir en solitario la acogida de más de cuatro mil menores. El Gobierno recuerda que la responsabilidad es de todo el país y no de una sola región.
Una vez trasladados, los menores pasan a depender del sistema autonómico de protección de la infancia.
Esto significa que las comunidades están obligadas a brindarles acceso a educación, atención psicológica y programas de integración. Se trata de un marco jurídico que protege los derechos fundamentales, sin importar la nacionalidad o el origen del menor.
El plan también responde a sentencias del Tribunal Supremo, que obligó al Estado a redistribuir a los menores solicitantes de asilo. En agosto, por ejemplo, ya habían salido de Canarias treinta niños bajo este mecanismo, y cerca de mil estaban en lista para ser incluidos en el sistema nacional de acogida.
La norma contempla que el traslado se realice en condiciones seguras, con acompañamiento adulto y coordinación previa entre administraciones. Así, se busca garantizar que la protección de la infancia esté por encima de las disputas políticas.
¿Cómo obligarán a repartir a los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas?
El Gobierno estableció una regla matemática de reparto, basada en informes oficiales que certifican cuántos menores no acompañados están ya acogidos en cada comunidad autónoma. A partir de esos datos, se aplican coeficientes de proporcionalidad que consideran la población total, la capacidad de recursos y el esfuerzo de acogida realizado en años anteriores.
En este esquema, comunidades que ya asumieron una carga mayor, como Cataluña, el País Vasco o Canarias, podrán quedar exentas temporalmente de recibir más menores, mientras que otras con menor participación estarán obligadas a incrementar su esfuerzo.
Torres denunció que, pese a esta lógica solidaria, varias autonomías gobernadas por el Partido Popular boicotearon conferencias sectoriales de infancia, negándose incluso a asistir para evitar el quórum necesario.
El ministro advirtió que la negativa de una comunidad a acatar la ley no será aceptada. Si un gobierno regional se opone, el traslado se realizará igualmente y la tutela recaerá en la administración autonómica de destino.
Recordó que ya ocurrió lo mismo con menores ucranianos durante la guerra, cuando ninguna autonomía puso objeciones. Según Torres, la resistencia actual se explica solo por razones políticas y discriminatorias hacia los menores de origen africano.
En casos en los que presidentes autonómicos como la Comunidad de Madrid anuncien que no acogerán menores y recurran al Constitucional, el ministro dejó claro que el procedimiento continuará. Los niños serán trasladados y las comunidades estarán obligadas a asumirlos, sin posibilidad de negarse.
El Gobierno sostiene que este modelo es el único que garantiza un reparto justo y sostenible en el tiempo. Además, busca evitar tensiones locales al establecer reglas claras, transparentes y respaldadas por informes técnicos.
