El Senado ratificó el Decreto Ley de Seguridad con un voto de confianza (fiducia) que blindó el texto. Introduce penas más severas, nuevas figuras delictivas y privilegios para fuerzas del orden. La oposición advierte sobre riesgos para la democracia. ¿Cómo impacta sobre los inmigrantes en Italia?
El Parlamento refuerza la política de seguridad del Gobierno
El Parlamento italiano transformó en ley este miércoles el polémico Decreto Ley de Seguridad, luego de un debate marcado por las referencias a la inmigración asociada a la inseguridad.
La medida, también conocida como pacchetto sicurezza, aprobado (como decreto ley) inicialmente por el Consejo de Ministros en abril. La ratificación tuvo lugar en el Senado, donde la mayoría de gobierno impuso un voto de confianza (fiducia) que evitó enmiendas, acortó el debate y garantizó su entrada en vigor inmediata.
El texto (que contiene 39 artículos, 14 nuevos delitos y 9 agravantes) fue defendido por la primera ministra Giorgia Meloni, el ministro del Interior Matteo Piantedosi y el líder de la Lega Matteo Salvini como una herramienta clave para combatir el terrorismo, la criminalidad organizada y la ocupación ilegal de inmuebles.
A su vez, establece beneficios legales para las fuerzas de seguridad e introduce nuevas medidas tecnológicas de control, como las body cams en manifestaciones.
- También te interesa: Oficial: nuevos procedimientos para obtener la ciudadanía italiana en 2025. El Gobierno de Italia difunde la circular con los detalles
Si te interesa la ciudadanía italiana, suscríbete hoy mismo al servicio gratuito de alertas de novedades por whatsapp: haz clic aquí.
¿Qué dice el Decreto de Seguridad aprobado por el Gobierno italiano?
El decreto modifica múltiples normas penales y administrativas con el argumento de reforzar la protección ciudadana y la eficacia del aparato estatal. Entre las medidas destacadas:
Endurecimiento en materia de terrorismo: Se castiga más severamente (de dos a seis años de cárcel) la posesión de material con instrucciones para cometer actos terroristas, así como la provisión de información para fabricar o usar armas y explosivos (incluidos químicos y bacteriológicos) a través de cualquier canal, incluyendo la web. Estas normas antiterrorismo también pueden aplicarse al tráfico de drogas, crimen organizado, falsificación e inmigración clandestina.
Endurecimiento contra protestas y bloqueos: Se prevén penas para quienes interrumpan la circulación en carreteras o ferrocarriles con sit-ins. Puede acarrear prisión de hasta un mes para una persona sola y de seis meses a dos años si lo cometen varias personas. También se castigan las protestas que interrumpan los trabajos de obras públicas o el funcionamiento de infraestructuras estratégicas.
Lucha contra ocupaciones de inmuebles: Se introduce el delito de ocupación arbitraria de inmuebles con un procedimiento de urgencia para el desalojo. Las penas pueden llegar hasta 7 años de prisión.
Penas agravadas cerca de estaciones: Se endurecen las penas para delitos cometidos cerca de las estaciones.
Situación de madres detenidas con hijos: Aunque hubo debate y observaciones del Quirinale que llevaron a no prohibir totalmente el encarcelamiento de mujeres embarazadas, el decreto elimina la prohibición de reclusión para madres con hijos pequeños, dejando la evaluación caso por caso al juez. Una declaración polémica de un senador de FdI sugiere que esta medida se pensó pensando en carteristas reincidentes que se libraban de la cárcel por estar embarazadas o tener hijos pequeños.
Apoyo legal a fuerzas del orden: El Estado cubrirá hasta 10.000 euros en gastos legales por cada fase del procedimiento para el personal de las fuerzas del orden, militares y bomberos investigados o imputados por hechos relacionados con el servicio, con reembolso solo en caso de dolo. Se permite a los agentes llevar armas sin licencia fuera de servicio.
Uso de body cams: Se permite el uso de cámaras corporales en los uniformes durante servicios de orden público (incluyendo manifestaciones), control del territorio, vigilancia, en trenes, cárceles y Centros de Permanencia para el Repatriación (Cpr).
El Gobierno afirma que estas medidas responden a una necesidad urgente de “proteger a los ciudadanos y respaldar a quienes arriesgan la vida en nombre del Estado”.
¿Por qué la oposición acusa al Gobierno de autoritarismo?
Los bloques opositores —Partito Democratico (Pd), Movimento 5 Stelle (M5S) y Alleanza Verdi e Sinistra (Avs)— rechazaron el decreto en su totalidad. Critican no solo el contenido, sino también la forma de aprobación, a través de un decreto de urgencia con voto de confianza.
Entre los principales cuestionamientos:
- El método es calificado de “contra las libertades” y de “coerción de régimen”, al saltarse el debate parlamentario normal.
- El decreto introduce delitos sin un debate constitucional suficiente, lo que según el expresidente de la Corte Constitucional, Ugo De Siervo, lo vuelve jurídicamente frágil.
- Se percibe como una herramienta para restringir el derecho a la protesta y el disenso, más que como un avance real en seguridad pública.
- La posibilidad de encarcelar a madres con hijos pequeños fue señalada como “inhumana” por senadores de izquierda.
- La inmunidad para los servicios secretos genera alarma por falta de controles democráticos.
Las protestas incluyeron un sit-in simbólico en el Senado, con legisladores sentados en el suelo con las manos alzadas. La sesión terminó con insultos, tensión y forcejeos entre bloques políticos.
¿Cómo impactan las nuevas normas en extranjeros e inmigrantes en Italia?
Aunque el decreto no menciona explícitamente la inmigración en sus artículos, algunas exposiciones de los legisladores hicieron menciones a la inmigración asociándola con la inseguridad o la delincuencia.
La senadora Biancofiore, del grupo parlamentario Noi Moderati, hizo una alusión a la situación de inseguridad al hablar de inmigrantes que se perseguían con un sable en las afueras de su casa en Bolzano (que-gli immigrati che si rincorre-vano sotto casa mia a Bolzano con le scimitarre, scena racca-pricciante), como justificación del decreto; otros aludieron a “ladronas reincidentes embarazadas”.
Además, en los nuevos términos establecidos por la normativa, las normas antiterrorismo podrían aplicarse a casos de inmigración irregular, al equipararse con amenazas a la seguridad.
Las nuevas penas por revueltas en cárceles y CPR alcanzan a extranjeros en situación de repatriación, donde las condiciones ya son objeto de denuncias por organismos internacionales.
El texto oficial de la nueva ley de seguridad
Desde su publicación en la Gaceta Oficial el decreto ley de seguridad se encuentra en vigencia, las únicas modificaciones a la norma, realizadas tras observaciones realizadas por el presidente Mattarella, serán incorporadas en la versión que aún no se ha publicado en la Gaceta Oficial.
