El reciente decreto que limita el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia genera inquietud jurídica en Italia y en Europa. La abogada Antonella Nediani analiza sus puntos críticos, alertando sobre riesgos de inconstitucionalidad y vulneraciones al derecho europeo.
La restricción de la ciudadanía italiana iure sanguinis en Italia: qué sucede y por qué importa
El Decreto-Ley n.º 36/2025, conocido como «decreto Tajani», introduce una modificación sustancial en el reconocimiento de la ciudadanía italiana por derecho de sangre (iure sanguinis). Esta norma establece que quienes no hayan iniciado un procedimiento judicial o administrativo para solicitar este reconocimiento antes del 27 de marzo de 2025 perderán de forma automática el derecho a solicitarlo, salvo excepciones restringidas.
Antonella Nediani, abogada argentina especialista en derecho de la inmigración, advierte que esta medida contradice la jurisprudencia de la Corte de Casación italiana, que ha considerado reiteradamente que el reconocimiento de la ciudadanía italiana iure sanguinis tiene eficacia ex tunc, es decir, certifica un estatus jurídico adquirido desde el nacimiento. En consecuencia, no se trataría de una concesión estatal sino de la constatación de un derecho preexistente.
También te interesa: La comisión del Senado rechazó 13 enmiendas al decreto que introduce cambios en la Ciudadanía Italiana iure sanguinis
El principio de proporcionalidad y la jurisprudencia europea: lo que el decreto podría estar violando
La abogada Nediani señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha definido, en el caso C-221/17 Tjebbes y otros, que cualquier pérdida automática de la ciudadanía debe contemplar un examen individualizado de las consecuencias que tal medida implica.
Asimismo, las sentencias C-689/21 (X) y C-684/22 (Stadt Duisburg) insisten en que las legislaciones nacionales no pueden prever revocaciones ipso iure de ciudadanía sin ofrecer información suficiente a los interesados ni la posibilidad de una evaluación caso por caso. La medida italiana vulneraría, por tanto, el principio de efectividad consagrado por el derecho comunitario.
Esta contradicción, en opinión de Nediani, expone al Estado italiano a una eventual oleada de contenciosos tanto internos como ante el TJUE.
Dudas constitucionales sobre el decreto y la ausencia de urgencia real
Otro punto crítico que señala Nediani es la forma en que se aprobó el Decreto-Ley 36/2025: extra ordinem, es decir, por fuera del procedimiento legislativo ordinario establecido en el artículo 70 de la Constitución italiana. Se invocó una supuesta situación de urgencia que, sin embargo, no se encuentra justificada por hechos objetivos.
Para Nediani, la adopción de una norma tan restrictiva, sin riesgo concreto para la seguridad o el orden público, deslegitima su urgencia y podría derivar en la declaración de inconstitucionalidad del decreto. Enfatiza, además, que los italodescendientes han contribuido de manera positiva al desarrollo de Italia y no representan amenaza alguna.
También te interesa: Senado: Meloni elogia a la comunidad italo-latinoamericana mientras avanza el decreto contra la ciudadanía italiana iure sanguinis
El trasfondo político: ius sanguinis, ius soli e ius scholae en disputa
La discusión se inscribe en un contexto más amplio: el debate sobre los criterios de atribución de ciudadanía. Frente a modelos como el ius soli (derecho por nacimiento en territorio) o el ius scholae (adquisición tras un ciclo escolar en Italia), el ius sanguinis representa un lazo histórico con la diáspora.
Nediani sostiene que los descendientes de italianos no son simples aspirantes, sino ciudadanos virtuales con derechos adquiridos por nacimiento. Eliminar ese derecho con efectos retroactivos no solo contradeciría principios jurídicos, sino también significaría un corte cultural y simbólico con millones de personas en el extranjero.
Movilización y silencio mediático: la respuesta de los italodescendientes
El 3 de mayo de 2025, el Comitato di Italodescendientes contro il Decreto-Legge 36/2025 realizó una manifestación pública para denunciar el impacto humano y jurídico de la medida. A pesar de ello, los medios de comunicación italianos no dieron cobertura significativa a la protesta.
Según Nediani, muchos de los afectados son profesionales que habían apostado por mudarse a Italia con la expectativa de ver reconocido un derecho que consideraban garantizado. Hoy, esas mismas personas enfrentan una pérdida abrupta de su estatus jurídico sin posibilidad de defensa ni notificación previa.
Asociaciones y juristas están preparando acciones legales tanto ante el Tribunal Constitucional italiano como ante instancias europeas, argumentando que el decreto viola principios fundamentales como la proporcionalidad y la tutela efectiva de derechos.
Una disputa que trasciende el plano legal
Antonella Nediani concluye que el Decreto-Ley n.º 36/2025 plantea una encrucijada para Italia: honrar sus lazos históricos con los descendientes en el exterior o cerrarse en una interpretación restrictiva que podría acarrear consecuencias legales, diplomáticas y sociales.
El principio de proporcionalidad, tal como lo establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, impide la pérdida automática de la ciudadanía sin un análisis individualizado y sin una justificación objetiva de urgencia. Allí, según Nediani, se librará el verdadero debate en los próximos meses.
Si quieres realizar alguna consulta sobre este artículo, puedes contactar con su autora, la abogada Antonella Nediani, quien trabaja en temas de ciudadanía italiana con el Studio Legale del Avv. Nicola Montefiori en Faenza (Ravena) . Sus vías de contacto son:
email: estudiojuridiconediani@gmail.com
