La aplicación de la Ley de Memoria Democrática vuelve a situarse en el centro del debate político. Mientras el Gobierno defiende que se trata de una reparación histórica para los descendientes de españoles, PP, Vox y diversos medios de comunicación de derecha sostienen que la ampliación de la nacionalidad podría tener un impacto electoral y cuestionan la forma en que se está aplicando la norma. ¿Qué hay detrás de esta controversia?
Ley de Nietos: ¿derecho o maniobra electoral?
La denominada Ley de Nietos, es una parte de la Ley de Memoria Democrática, un artículo que ha permitido que casi 2,5 millones de descendientes de españoles inicien el camino para obtener la nacionalidad española.
Lo que el Gobierno Español defiende como una medida de justicia histórica hacia quienes perdieron el vínculo jurídico con España como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura franquista, para la oposición se ha convertido en parte de una estrategia para alterar los resultados de las próximas elecciones.
La discusión ya no gira únicamente en torno a quién tiene derecho a acceder a la ciudadanía española. En los últimos días se sumó un nuevo elemento al debate: el posible impacto electoral que podrían tener los nuevos ciudadanos españoles residentes en el exterior en las próximas elecciones generales.
Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha llegado a afirmar que el Gobierno pretende «fabricar votantes», mientras que el Ejecutivo considera que estas acusaciones forman parte de una estrategia para sembrar dudas sobre el sistema democrático.
Hasta el momento no existe ninguna acusación concreta ni elemento presentado a la justicia para justificar semejante acusación sobre la credibilidad del sistema electoral democrático. La estrategia es la misma que la ultraderecha está utilizando en otros países (como Estados Unidos, Argentina, o Brasil), para poner en duda cualquier resultado que no sea el triunfo de sus partidos en elecciones.
¿Existen argumentos vàlidos para cuestionar el accionar del gobierno de España en esta ley? ¿o es un intento de desestabilización institucional como señalan desde el Partido de Gobierno?. A continuación compartimos la entrevista que comenzó la polémica.
Una ley pensada para reparar situaciones históricas
La Ley de Memoria Democrática fue aprobada en octubre de 2022 con el objetivo de ampliar las medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
Uno de sus aspectos más conocidos es la posibilidad de acceder a la nacionalidad española para distintos grupos de descendientes de españoles emigrados o exiliados.
Entre ellos se encuentran:
- hijos o nietos de españoles de origen;
- descendientes de quienes perdieron la nacionalidad por causa del exilio;
- hijos mayores de edad de personas que obtuvieron la ciudadanía mediante la anterior Ley de Memoria Histórica;
- personas que ya tenían nacionalidad española por opción y ahora pueden consolidarla como nacionalidad de origen.
La enorme demanda generada por esta disposición llevó al Gobierno a ampliar el plazo para presentar solicitudes hasta octubre de 2025, lo que provocó un crecimiento extraordinario del número de expedientes tramitados por los consulados españoles de todo el mundo.
El punto de conflicto: una instrucción administrativa
Buena parte de la polémica no se centra en la ley aprobada por las Cortes, sino en una instrucción dictada pocos días después por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Según sostienen el Partido Popular y diversos juristas críticos con la aplicación de la norma, esa instrucción habría ampliado el alcance previsto originalmente por el legislador.
La discusión jurídica gira alrededor de un aspecto técnico.
Los críticos sostienen que la ley exigía acreditar simultáneamente determinadas condiciones para acceder al reconocimiento de la nacionalidad, mientras que la instrucción administrativa habría flexibilizado esos requisitos permitiendo interpretaciones alternativas.
Uno de los aspectos más debatidos es la llamada presunción de exilio, mediante la cual numerosos emigrantes españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955 podrían ser considerados exiliados sin necesidad de aportar determinadas pruebas adicionales.
Quienes cuestionan esta interpretación consideran que, de ese modo, una norma concebida para reparar a víctimas del exilio político estaría extendiéndose también a emigrantes que abandonaron España por razones económicas.
El Gobierno, por el contrario, sostiene que la instrucción únicamente desarrolla la ley aprobada por el Parlamento y que su aplicación cuenta con respaldo jurídico suficiente.
El argumento del Partido Popular: ¿una «ingeniería electoral»?
El principal eje del discurso del Partido Popular ha dejado de centrarse exclusivamente en la memoria histórica para trasladarse al terreno electoral.
Feijóo ha asegurado públicamente que el Ejecutivo estaría utilizando la ampliación de la nacionalidad para incorporar nuevos votantes al censo electoral.
Según el dirigente popular, el Gobierno intenta ampliar su base electoral mediante la concesión de la ciudadanía española a cientos de miles de personas residentes fuera del país.
En esa misma línea se ha pronunciado la portavoz popular Ester Muñoz, quien sostiene que la instrucción administrativa modificó el sentido aprobado por el Parlamento al ampliar los supuestos inicialmente previstos por la ley.
Desde el PP también se reclama una mayor transparencia sobre el número de expedientes aprobados, rechazados y pendientes de resolución, así como información detallada sobre el funcionamiento de los consulados encargados de tramitar estas solicitudes.
Uno de los elementos que más preocupa a los populares es la eliminación del llamado voto rogado, una reforma aprobada también en 2022.
Hasta entonces, los españoles residentes en el exterior debían solicitar expresamente la documentación para votar.
Actualmente, la documentación electoral se remite de oficio a quienes figuran inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), lo que previsiblemente incrementará la participación electoral de los españoles que viven fuera del país.
Para el PP, la combinación entre una ampliación masiva del número de nuevos ciudadanos y el fin del voto rogado podría alterar el resultado de futuras elecciones en provincias donde unos pocos miles de votos resultan decisivos para adjudicar un escaño.
Vox endurece todavía más las acusaciones
Si el Partido Popular habla de una posible manipulación electoral, Vox ha elevado considerablemente el tono del debate.
Dirigentes de la formación ultraderechista califican el proceso como un supuesto «golpe de Estado a cámara lenta» y denuncian una pérdida de control sobre la concesión de la nacionalidad española.
Entre sus principales críticas figura la externalización de determinadas tareas administrativas en algunos consulados, especialmente en Cuba.
Vox sostiene que la participación de empresas locales en la gestión documental genera dudas sobre la seguridad jurídica del procedimiento y ha solicitado incluso la suspensión cautelar del voto por correo de los españoles residentes en el exterior hasta que, a su juicio, se despejen todas las dudas sobre la composición del censo.
No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores insiste en que las decisiones finales siguen correspondiendo exclusivamente a funcionarios españoles y que la contratación de empresas de apoyo responde únicamente a necesidades logísticas derivadas del enorme volumen de expedientes.
La incertidumbre sobre el derecho de los descendientes
Tras los acuerdos de investidura en las regiones de Extremadura, Andalucía, Aragón y Castilla León, el Partido Popular (PP, conservador) ha acercado más sus posiciones con el ultraderechista VOX, incluso en temas en los que antes tenía una posición más positiva hacia los derechos de los españoles residentes en el exterior y sus descendientes.
Pero este cambio de posición, no solo pone en duda qué haría un eventual gobierno del PP y VOX en materia de tramitación de la ley de Nietos (que ahora señalan como «demasiado rápida»), sino también en si se puede llegar a negar o incluso revertir la nacionalidad de quienes ya la hubieran obtenido gracias a la interpretación más amplia que el Gobierno dió a la ley tras la cuestionada circular.
Y tú, ¿qué opinas de las objeciones del PP y VOX al derecho a la nacionalidad española de los descendientes nacidos en el exterior? Te leemos en comentarios.
Me interesa mucho las futuras discusiones, ya que por tiempo quedamos fuera de esta ley sería muy interesante un segundo llamado y una nueva convocatoria
Soy nieto de abuelo Galeo, No llege a tempo, con los documents, me encantaria powder tenet la Nacionalidad, Ata logo; Adeus.