El Parlamento Europeo ratificó el nuevo reglamento de retornos, permitiendo la creación de centros de deportación en terceros países. Con el apoyo de conservadores y la extrema derecha, esta medida busca frenar la migración irregular y aumentar la tasa de devoluciones, marcando un cambio histórico en la política migratoria de la Unión Europea.
Las claves
El Parlamento europeo aprueba los centros de deportación en terceros países
En una votación decisiva el pasado jueves en Bruselas, la Eurocámara aprobó, con 389 votos a favor, el reglamento de retornos que incluye la creación de los denominados «hubs de retorno». Según sus impulsores, estas nuevas reglas buscan «fortalecer la legalidad y hacer que los procedimientos de expulsión sean más rápidos y eficaces».
Esta normativa permitirá trasladar a migrantes en situación irregular a centros situados fuera del territorio de la Unión Europea mientras se gestiona su repatriación. La decisión responde a la baja eficacia del sistema actual, donde solo el 20% de las personas con orden de abandono, efectivamente abandonan el territorio europeo.
La medida significó un espaldarazó al modelo que impulsa la premier italiana, Giorgia Meloni, quien ha construído un centro italiano de detención de inmigrantes irregulares en Albania, cuya puesta en marcha ha sido frenada por la justicia italiana por motivos legales.
Qué establece el nuevo reglamento de retornos
El principal motivo de esta reforma es endurecer la política migratoria para reducir los incentivos de la migración irregular. El texto valida que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros puedan negociar acuerdos individuales con terceros países para establecer estos centros, siguiendo modelos previos como el de Italia en Albania.
La propuesta fue impulsada principalmente por el Partido Popular Europeo (PPE) y grupos de extrema derecha como los Patriotas, el grupo de la Lega y Alternativa por Alemania (AfD). Por el contrario, fue rechazada por socialistas, liberales, verdes y el grupo de La Izquierda, quienes denuncian una violación de los derechos fundamentales.
A quiénes afectará la creación de estos centros de deportación
La medida afecta directamente a ciudadanos de terceros países que se encuentren de forma irregular en la UE y cuya solicitud de estancia haya sido denegada. Un punto polémico es que el Parlamento permitirá el envío de familias con menores a estos centros externos; los únicos exentos de esta medida serán los menores no acompañados.
Además, el reglamento introduce obligaciones estrictas de cooperación para los inmigrantes. Se eliminan motivos de aplazamiento como enfermedades que requieran tratamiento médico o lazos familiares, y se establecen sanciones severas, incluyendo detenciones de hasta 24 meses y prohibiciones de entrada de por vida en casos de falta de colaboración o riesgo de fuga.
Polémica entre los dirigentes políticos
El vicepremier y ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani (Forza Italia), celebró la aprobación calificándola como «un paso adelante para la legalidad». Tajani destacó en sus redes sociales que los flujos migratorios no son fenómenos fuera de control y deben gobernarse con herramientas concretas como estos centros de deportación.
Por su parte, Javier Zarzalejos (PP españa) defendió el modelo como una respuesta necesaria para un sistema «ordenado y regular», mientras que Jorge Buxadé (Vox España) lo tildó de «exitoso primer paso para la reemigración». Desde la oposición, eurodiputados como Birgit Sippel (SPD Centroizquierda) criticaron la ruptura del «cordón sanitario» frente a la extrema derecha.
¿Cuándo entrarán en vigor estas nuevas medidas migratorias?
Tras esta validación parlamentaria, el jueves comenzaron de inmediato las negociaciones entre la Eurocámara y el Consejo para armonizar el texto definitivo que se convertirá en norma para toda la UE. Existe una urgencia institucional para concluir este proceso antes de mediados de junio de 2026, fecha en la que el Pacto Europeo de Migración y Asilo entrará totalmente en vigor.
La delegación de la Lega (derecha italiana) en el Parlamento Europeo subrayó que el Consejo recibe ahora un «mandato claro» de la mayoría de centroderecha para implementar herramientas que devuelvan la seguridad y la legalidad a las ciudades europeas mediante un control más estricto de las fronteras externas.
Qué es la externalización y qué efectos tiene
Según el informe «Externalización: caos, corrupción y congtrol migratorio bajo la apariencia de coorperación europea», elaborado por Cristina Fuentes Lara y Gonzalo Fanjul para la Fundación Por Causa; la externalización es De acuerdo con los documentos proporcionados, la externalización es el control de los flujos migratorios en los países de origen y tránsito de las personas migrantes antes de que estas lleguen a los Estados receptores de la Unión Europea (UE).
Este proceso conlleva una desterritorialización de las fronteras europeas, que trascienden sus límites físicos para convertir a países como Marruecos, Libia, Argelia, Túnez y Mauritania en la frontera exterior de facto de la UE.
Esta estrategia se fundamenta en lo que los autores denominan fronteras verticales, un modelo donde la línea fronteriza deja de ser un límite físico para convertirse en una línea simbólica que se desplaza miles de kilómetros al sur, bloqueando o paralizando la migración hacia el Norte global.
La creación de centros de deportación en terceros países (no miembros de la UE) es una forma de externalización que busca «exportar» el conflicto de la inmigración e invisibilizar el drama de las deportaciones.
Impacto de la externalización en los derechos humanos de los migrantes
La externalización tiene consecuencias directas y graves sobre la integridad y los derechos de las personas en movimiento:
- Violación sistemática de derechos: El informe señala que este modelo permite y, en la práctica, «bendice» las peores prácticas represivas contra poblaciones vulnerables. Esto incluye expulsiones arbitrarias, torturas, secuestros, abusos sexuales, chantajes y el abandono de migrantes a su suerte en el desierto.
- Obstaculización de la protección internacional: Al detener a las personas en terceros países, se les limita el acceso al derecho de asilo y a la protección internacional que podrían solicitar al llegar a territorio de la UE.
- Condiciones inhumanas en centros de deportación: En países como Libia, se ha documentado un «infierno» para los migrantes subsaharianos, quienes enfrentan condiciones de esclavitud, desapariciones forzadas y extorsiones por parte de autoridades y grupos criminales.
- Criminalización de la movilidad: La cooperación europea ha impulsado leyes que criminalizan la movilidad humana en regiones de tránsito (como la Ley 2015-36 en Níger), lo que afecta no solo a los migrantes hacia Europa sino también a las dinámicas de migración interna africana garantizadas por tratados regionales como el ECOWAS.
- Uso de material europeo para represión: Se citan casos donde material y formación facilitados por programas de la UE (como el GAR-SI en Senegal) han sido utilizados por fuerzas de seguridad locales para reprimir protestas democráticas y a la oposición, costando vidas humanas.
En resumen, los autores del informe sostienen que, aunque la UE vende este modelo como una forma de «orden», lo que produce en realidad es un caos migratorio donde el desorden se traduce en muerte, sufrimiento y vulnerabilidad extrema para las personas migrantes y sus familias.
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