Mientras el gobierno federal amplía su política de control migratorio contra residentes sin ciudadanía americana, varios Estados adoptan medidas para limitar la cooperación con agentes federales. Nuevas leyes y restricciones modifican el mapa de colaboración con ICE. Qué implica este escenario para residentes sin ciudadanía americana y cómo prepararse ante posibles operativos.
La política migratoria de Estados Unidos atraviesa en 2026 un momento de fuerte tensión entre el Gobierno federal y varios Estados liderados por demócratas, que tienen como sujeto central a los residentes sin ciudadanía americana.
Mientras la administración del presidente Donald Trump impulsa una expansión histórica de acuerdos para reforzar detenciones y deportaciones a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al menos diez estados aprobaron leyes para prohibir o limitar la colaboración formal de sus fuerzas locales con ese organismo.
El punto de conflicto gira en torno al programa 287(g), que permite delegar funciones migratorias federales a policías y sheriffs locales.
En estados como Maryland, la nueva legislación firmada en febrero de 2026 por el gobernador Wes Moore prohíbe estos acuerdos de manera inmediata.
La medida afecta directamente a cárceles y condados que durante años transfirieron detenidos a ICE, y redefine el alcance de la cooperación en un contexto de crecientes operativos y expansión presupuestaria federal.
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¿Qué Estados se niegan a colaborar con ICE en favor de residentes sin ciudadanía americana?
El avance más reciente se produjo en Maryland, donde la ley SB 245 / HB 444 prohíbe que jurisdicciones estatales o locales celebren o mantengan acuerdos 287(g). Esto implica que oficiales locales ya no podrán ser “deputizados” para cumplir funciones de inmigración civil federal bajo ese programa.
A Maryland se suman New Mexico y Maine, que aprobaron restricciones similares en febrero de 2026. En New York, la gobernadora Kathy Hochul respalda legislación para impedir que agentes locales sean incorporados a tareas federales de inmigración.
En Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger terminó acuerdos estatales firmados por su antecesor.
Según datos oficiales citados en la cobertura nacional, diez estados con liderazgo demócrata cuentan ya con políticas estatales que prohíben la cooperación en uno de los principales programas utilizados para impulsar deportaciones masivas.
La decisión surge en respuesta al crecimiento exponencial de acuerdos 287(g), que pasaron de 135 antes del regreso de Trump al poder a más de 1.400 en 41 estados y territorios.
En contraste, estados gobernados por republicanos como Florida, Texas, Georgia y Arkansas no solo mantienen sino que exigen la participación de cárceles locales en el programa. Estas jurisdicciones concentran aproximadamente la mitad de todos los acuerdos vigentes.
¿Qué peligros enfrentan los residentes sin ciudadanía americana ante un encuentro con ICE?
A pesar de las restricciones estatales, ICE mantiene plena autoridad federal para realizar detenciones. La eliminación de acuerdos 287(g) no implica que el organismo deje de operar en esos estados.
De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional advirtió que podría aumentar la presencia directa de agentes federales en territorios donde se limite la cooperación local.
El riesgo principal para residentes sin ciudadanía americana —incluidos residentes permanentes legales con trámites pendientes— es la detención y eventual inicio de un proceso de remoción.
Un encuentro puede originarse en operativos en vía pública, controles en lugares de trabajo o tras el cumplimiento de una pena en cárcel local.
Otro peligro es la falta de información inmediata. En los modelos 287(g), el traslado a custodia migratoria se producía dentro de la cárcel local. Sin esos acuerdos, podría incrementarse la presencia de agentes federales en comunidades, con mayor visibilidad y posibles operativos en domicilios o espacios públicos.
Las estadísticas nacionales indican que el presupuesto federal para control migratorio se amplió en 150.000 millones de dólares, con más de 46.000 millones destinados a contratar 10.000 agentes adicionales y 45.000 millones para expandir centros de detención.
Esto sugiere que la capacidad operativa seguirá creciendo.

¿Cómo debe prepararse un residente sin US Citizenship para un encuentro con ICE?
La preparación es clave. Los expertos recomiendan contar con una carpeta organizada con documentación esencial, especialmente si existe un trámite pendiente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Entre los pasos fundamentales se destacan:
- No firmar documentos sin asesoramiento legal.
- Solicitar hablar con un abogado.
- Memorizar o llevar anotado el número telefónico de un contacto de emergencia.
- Informar inmediatamente a un representante legal si existe un caso pendiente (asilo, TPS, VAWA, visa U, SIJS o naturalización).
En caso de detención en una cárcel local, la familia debe registrar condado, centro de detención, número de booking y hora del arresto. Cada dato puede acelerar la localización del detenido.
Organizaciones comunitarias como CASA y entidades de asistencia legal en Maryland recomiendan asistir a talleres “Know Your Rights” para comprender qué decir y qué no decir ante agentes federales.
¿Por qué crece el peligro en febrero para viajar al extranjero desde Estados Unidos?
El mes de febrero coincide con la entrada en vigor de nuevas leyes estatales y con la expansión activa de acuerdos federales en otras jurisdicciones. Para residentes permanentes legales sin ciudadanía americana, cualquier salida del país puede implicar revisión exhaustiva al regresar.
Quienes tengan solicitudes pendientes —como el Formulario I-90 para reemplazo de green card, el I-751 para remover condiciones o el N-400 de naturalización— deben verificar que su documentación esté vigente. Si la tarjeta expiró y no cuentan con evidencia temporal válida, podrían enfrentar demoras o inspecciones secundarias.
El endurecimiento del clima político también incrementa la posibilidad de controles más estrictos en aeropuertos y puertos de entrada. Aunque un residente permanente legal tiene derecho a regresar, la falta de prueba documental inmediata puede generar complicaciones.
Por ello, febrero se convierte en un mes sensible: nuevas normas estatales, mayor despliegue federal y viajeros que desconocen cambios recientes pueden combinarse en escenarios de riesgo administrativo.
¿Qué es el sello I-551 ADIT y qué importancia tiene para los lawful permanent resident sin green card?
El sello I-551 ADIT es evidencia temporal de estatus de residente permanente legal. Es emitido por USCIS cuando una persona no posee su green card física o cuando su tarjeta y notificación de extensión han expirado mientras un trámite sigue pendiente.
Este sello puede colocarse en un Formulario I-94 e incluye sello del DHS y fotografía del residente extraída de sistemas oficiales. Su validez es determinada por USCIS y generalmente no supera un año, salvo excepciones reglamentarias.
Es crucial para viajar al extranjero y reingresar al país, así como para demostrar autorización de empleo o elegibilidad ante empleadores y autoridades. Sin esta evidencia, un residente permanente podría enfrentar obstáculos para abordar vuelos internacionales o pasar controles migratorios.
USCIS anunció que, en muchos casos, el sello puede enviarse por correo postal, reduciendo la necesidad de citas presenciales. No obstante, algunas personas deberán acudir en persona si existen necesidades urgentes o problemas de verificación de identidad.
¿Cómo obtener el sello I-551 ADIT por código postal para poder viajar?
El proceso comienza llamando al Centro de Contacto de USCIS para solicitar evidencia temporal de estatus. Un oficial verificará identidad, dirección postal y confirmará si puede recibir entregas por UPS o FedEx.
Si no es necesaria una cita presencial, la oficina local correspondiente al código postal del solicitante enviará por correo el Formulario I-94 con sello ADIT. En caso contrario, programará una cita en la oficina local.
Pueden solicitarlo quienes:
- No tengan en su poder la Tarjeta de Residente Permanente.
- Tengan pendiente el I-90, I-751 o N-400 y su tarjeta y extensión hayan caducado.
El nuevo sistema busca reducir cargas administrativas y acelerar la entrega de evidencia temporal.
Para quienes planean viajar en el actual contexto de mayor fiscalización migratoria, contar con el sello I-551 ADIT puede marcar la diferencia entre un ingreso sin contratiempos y una retención prolongada en el puerto de entrada.







