La nueva ley crea la figura del feminicidio, y le impone la cadena perpetua e introduce el principio clave del «consentimiento libre y activo» para el juicio de los delitos sexuales.
Las claves
Un avance legislativo frente a la violencia contra las mujeres
La ciudadanía italiana tendrá desde hoy una ley que introduce el delito autónomo de feminicidio y consagra el principio de «solo sí es sí», para los delitos sexuales contra las mujeres. De este modo, la nueva legislación italiana, impulsada por un acuerdo bipartidista en el Parlamento, introduce cambios significativos en el Código Penal en dos áreas clave.
En una acción de profundo calado simbólico y jurídico, Italia aprueba este martes (día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres) a la persistente crisis de la violencia de género con un doble avance legislativo.
Este 25 de noviembre, la Cámara de Diputados le dará aprobación definitiva a una nueva ley contra el feminicidio que ha contado con un amplio apoyo bipartidista. En paralelo, y con igual trascendencia, se ha sellado un pacto político entre el gobierno y la oposición para introducir un concepto legal fundamental que redefine el consentimiento en los delitos sexuales.
Según informaron diversos medios de comunicación italianos, como La Stampa e Il Sole 24 Ore, estas iniciativas consolidan una respuesta institucional unificada frente a una emergencia social que ya no admite demoras, marcando un momento de significativa convergencia política.
El núcleo de esta reforma conceptual reside en una nueva y explícita definición del consentimiento, un cambio destinado a transformar el paradigma judicial y cultural en la persecución de la violencia sexual.
El delito del feminicidio
La nueva norma añade el artículo 577 bis al Código Penal. Este artículo tipifica el feminicidio como el asesinato de una mujer «cuando el hecho es cometido como un acto de odio o de discriminación o de prevaricación o como un acto de control o posesión o dominio dentro de una relación o como un acto de limitación de sus libertades individuales».
Este delito será castigado con cadena perpetua (ergastolo).
La ley está acompañada por otras medidas adicionales, como la mitigación de la posibilidad de equilibrar circunstancias agravantes y atenuantes, y el fortalecimiento del recurso a los arrestos domiciliarios para proteger a las víctimas de los «delitos espía» (delitos spia). Además, introduce la formación obligatoria para los magistrados en esta materia, con la participación de la Escuela Superior de la Magistratura.
La nueva ley había sido aprobada por el Senado en julio de 2025 y hoy será aprobada por la Cámara de Diputados (Cámara).
Delitos sexuales: «Solo sí es sí»
Otra clave estratégica de la reforma radica en el cambio de paradigma legal que introduce sobre el consentimiento. Desplaza el foco desde la necesidad de la víctima de demostrar su resistencia hacia la responsabilidad inequívoca del agresor de asegurarse de haber obtenido un consentimiento explícito. Este giro es crucial para desmantelar la cultura de la culpabilización de la víctima.
Como fruto de un pacto entre la primera ministra, Giorgia Meloni, y la líder de la oposición, Elly Schlein, un nuevo texto legislativo añade la «ausencia de consentimiento libre y actual» (assenza di consenso libero e attuale) como un elemento constitutivo del delito de violencia sexual. Este criterio se suma a los ya existentes: la violencia, la amenaza o el abuso de autoridad. De esta manera, el acto sexual sin un consentimiento claro y presente se convierte, por definición, en un delito.
El espíritu de la reforma se puede encapsular en el principio de «Solo sí es sí», que ya ha inspirado legislaciones similares en otros países europeos. La jueza del Tribunal de Casación, Paola Di Nicola, ofreció un análisis clave en Il Sole 24 Ore, subrayando las implicaciones jurídicas de esta nueva definición:
El consenso para el acto sexual es un acto de autonomía y libertad revocable en cualquier momento. […] Ante la duda sobre el consentimiento, uno debe detenerse, de lo contrario es un delito. Con esta ley, la palabra de las víctimas de violación adquiere valor y el silencio ya no es consentimiento.
El avance en el frente más amplio de la lucha contra la violencia de género fue posible gracias a un notable consenso político. Tal como reportó La Stampa, el Partido Democrático (PD) decidió apoyar el paquete de medidas contra el feminicidio sin presentar enmiendas para acelerar su aprobación, demostrando que en temas fundamentales se puede encontrar un terreno común.
La necesidad de estas reformas se hace evidente al examinar la alarmante realidad estadística de la violencia de género en el país.
Las cifras alertan de un problema estructural en Italia
Para comprender la urgencia que ha motivado esta nueva oleada legislativa, es crucial analizar los datos que dibujan el panorama de la violencia de género en Italia. Las cifras no son meras estadísticas; revelan una emergencia nacional profundamente arraigada, donde el hogar y las relaciones de pareja son, paradójicamente, los entornos más peligrosos para las mujeres.
Los datos más impactantes, extraídos de informes de Eures e Istat y reportados por medios como Il Messaggero e Il Sole 24 Ore, ponen de manifiesto la magnitud del problema:
- Feminicidios en 2025: 85 mujeres fueron asesinadas en los primeros diez meses del año. De estos crímenes, 56 fueron cometidos por sus parejas o exparejas, confirmando que la violencia letal ocurre mayoritariamente en el ámbito familiar y afectivo.
- Prevalencia General: Una de cada tres mujeres en Italia ha sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida, una cifra que evidencia la naturaleza sistémica del problema.
- Violencia de Exparejas: El número de mujeres asesinadas por sus exparejas ha aumentado de 10 a 15, un dato que sugiere una «creciente dificultad por parte de algunos hombres para aceptar el final de la relación».
- Señales Previas Ignoradas: En el 30,9% de los feminicidios, la víctima ya había denunciado maltratos previos, y en el 25% de los casos, había recibido amenazas antes del desenlace fatal. Estas cifras demuestran fallos en el sistema de protección.
Esta cruda realidad estadística, que revela fallos sistémicos en la protección de las víctimas, subraya que la violencia letal es a menudo la culminación de un ciclo de abusos que incluye formas de control no físicas. Por ello, el debate en Italia se ha ampliado para abordar la violencia económica y digital como frentes igualmente críticos en la lucha por la erradicación del maltrato.
Un abordaje integral contra la violencia
Es estratégicamente importante reconocer que la violencia de género es un fenómeno multifacético que no se limita al daño físico. La violencia económica y la digital son frentes críticos que perpetúan la subyugación y el control, y su combate es esencial para un abordaje integral del problema.
Diversas iniciativas en Italia están comenzando a abordar estas otras formas de abuso, complementando la acción legislativa:
- Violencia Económica: Una investigación de Pomellato y la escuela de negocios Sda Bocconi, destacada por el Corriere della Sera, revela que el 70% de las mujeres ha sufrido abusos ligados a la dependencia económica. Este dato da fuerza a la consigna «Lo stipendio rende libere» (El salario te hace libre), que subraya la independencia financiera como una herramienta clave de emancipación.
- Medidas de Apoyo: En esta línea, Il Messaggero informa que la Asociación Bancaria Italiana (ABI) y los principales sindicatos han firmado un protocolo para promover la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia, reconociendo el empleo como un pilar fundamental para su recuperación y autonomía.
- Violencia Digital: Este año, la violencia de género en el entorno digital es el tema central de la campaña global UNiTE de ONU Mujeres. Este enfoque, reportado también por Il Messaggero, busca visibilizar el acoso, el control y la difusión no consentida de imágenes como formas de violencia real con consecuencias devastadoras.
En definitiva, si bien la nueva ley contra el feminicidio y la reforma del consentimiento representan pasos fundamentales en el plano jurídico, la multiplicidad de iniciativas en curso demuestra un reconocimiento creciente de que la erradicación de la violencia de género exige una transformación cultural profunda que abarque los ámbitos económico, social y digital.
