Entre otras medidas, se busca centralizar los trámites de reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia en un organismo en Roma.
Avanzan los cambios en los servicios consulares italianos
La Cámara de Diputados italiana aprobó un proyecto de ley que impulsa una profunda reforma de los servicios consulares prestados a la ciudadanía italiana en el exterior. La medida introduce cambios en diversos aspectos, como el procedimiento para el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia, el registro anagráfico de los residentes en el exterior y la documentación para los italianos residentes en el extranjero.
La medida aún debe pasar por la aprobación del Senado, y su implementación completa sería a partir del 1 de enero de 2028, aunque establece una hoja de ruta con cambios paulatinos que comenzarían —de completarse su trámite parlamentario (algo que se da por descontado)— desde 2026.
La iniciativa fue defendida por el oficialismo, que la presentó como “una medida muy importante para la comunidad italiana en el extranjero” y una “reforma concreta de los servicios consulares, el AIRE, los trámites de ciudadanía y los documentos de identidad para los italianos en el extranjero”.
Simone Bill, diputado del partido Lega (oficialismo), destacó que “los trámites de ciudadanía se gestionarán centralmente en Roma, dado que son particularmente complejos y largos, con el fin de agilizar el proceso y aliviar la carga de los consulados en el extranjero”.
Desde la oposición destacaron que el texto incorpora la posibilidad de que los ciudadanos residentes en el exterior soliciten la CIE (Carta de Identidad Electrónica) en las comunas de Italia, una enmienda insertada por el Partido Democrático (PD). Sin embargo, votaron en contra de la iniciativa, ya que consideran que “corre el riesgo de representar una verdadera lápida para los derechos de los italianos en el extranjero”.
Fabio Porta, diputado por los italianos residentes en Sudamérica, afirmó que la oposición reconoce algunas mejoras obtenidas gracias al compromiso del PD —como la reducción de los plazos para el reconocimiento de la ciudadanía, de 48 a 36 meses—, pero advirtió que el texto presenta “graves deficiencias”, entre las cuales destacó la centralización de los trámites, la falta de un verdadero proceso de digitalización, las nuevas cargas para los ciudadanos y la persistente fragilidad de la red consular.
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Qué propone la reforma a los servicios para la ciudadanía italiana en el exterior
El proyecto de ley, titulado “Disposiciones para la revisión de los servicios para los ciudadanos y las empresas en el extranjero” (Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero), cuenta con siete artículos divididos en tres capítulos. En sus fundamentos, afirma que busca “introducir innovaciones procesales para hacer los procedimientos más eficientes y adecuar las normativas a las evoluciones legislativas internacionales e internas”.
Nueva oficina en Roma para la ciudadanía italiana iure sanguinis
Se introduce una modificación sustancial a los procedimientos de reconocimiento de la ciudadanía italiana iure sanguinis (por derecho de sangre), que incluye la creación de una nueva oficina de nivel directivo general dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional (MAECI).
Esta oficina estará dedicada a la gestión centralizada de los procedimientos de reconstrucción de la ciudadanía italiana para solicitantes mayores de edad residentes en el extranjero.
Recorte en las facultades de los consulados
Los consulados, por su parte, conservarán la competencia únicamente para verificar el mantenimiento de la ciudadanía italiana para personas ya reconocidas como ciudadanos, y para reconocer la posesión de la ciudadanía italiana de menores de edad residentes en la circunscripción, hijos de ciudadanos previamente reconocidos.
Modalidad de presentación de solicitudes
Las solicitudes de reconocimiento de ciudadanía por parte de mayores de edad residentes en el extranjero se presentarán exclusivamente por correo postal a la nueva oficina del MAECI en Roma.
Deberán estar acompañadas de la documentación original en formato papel y de la prueba del pago de los derechos consulares. Esta modalidad en soporte físico —justificada en “la necesidad de contar con documentos originales por motivos de fiabilidad y para evitar la sobrecarga inicial del nuevo sistema informático”— ha sido uno de los puntos más criticados de la iniciativa.
Contratación de personal
El MAECI podrá contratar operadores especializados para los servicios de envío, recepción, digitalización y archivo, con los costos a cargo del usuario (lo que insinúa nuevas tasas y gastos para el trámite).
Todas las comunicaciones oficiales entre el solicitante y el MAECI se realizarán exclusivamente por correo electrónico, incluso si no es certificado, con valor de notificación (lo que podría incrementar aún más los costos).
Plazos de implementación y transición
La nueva tramitación centralizada comenzará a operar plenamente a partir del 1 de enero del tercer año posterior a la entrada en vigor de la disposición (en principio, el 1 de enero de 2028).
Sin embargo, en los dos años posteriores a la entrada en vigor, la nueva oficina del MAECI podrá recibir un número máximo anual de solicitudes no superior al número de solicitudes por las cuales los consulados cobraron derechos consulares el año anterior.
Respecto de las solicitudes recibidas antes del inicio del nuevo régimen, los consulados continuarán su tramitación, pero con un límite anual máximo equivalente al número de procedimientos concluidos en el año anterior (con un mínimo garantizado de cien casos).
Plazo de conclusión
El plazo para la conclusión de los procedimientos de reconocimiento de la ciudadanía se fija en treinta y seis meses.
Disposiciones financieras y de personal
La norma autoriza un incremento en la plantilla del MAECI a partir de 2026 y modifica la redistribución de los ingresos provenientes del pago de la tarifa consular para las prácticas iure sanguinis, de modo que la implementación del nuevo sistema no implique mayores costos para el Estado (que quedarían a cargo de los solicitantes).
También se introduce una modificación procesal que permite explícitamente la “doble legalización” de los actos emitidos por autoridades extranjeras y destinados a tener validez en Italia. Esto significa que la legalización por parte de las representaciones diplomáticas o consulares italianas se hará previa legalización, cuando sea necesaria, por parte de las autoridades locales competentes.
Otros cambios que implementa la ley
Entre otros cambios, la norma integra el AIRE (Registro de Italianos Residentes en el Exterior) con el ANPR (Anagrafe Nacional de la Población Residente), con la consiguiente modificación del procedimiento de comunicación de cambios en la situación registral de los ciudadanos.
Esto permitirá una comunicación directa entre los consulados y las comunas, evitando el paso por el Ministerio del Interior.
También se actualizan las categorías de ciudadanos excluidos de la inscripción en el AIRE (fundamentalmente militares y funcionarios públicos).
Documentos y pasaportes
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establece que, en caso de robo o pérdida del pasaporte, será obligatorio informar a las autoridades policiales locales (del país de residencia) e inmediatamente al consulado.
También se introducen cambios en el procedimiento para que los menores viajen con solo uno de los padres en ciertas condiciones, y se incorporan nuevos datos biométricos en el chip del pasaporte.
La Carta de Identidad Electrónica (CIE) se reconoce como documento válido para el expatriado, salvo que exista una condición que legitime la denegación o el retiro del pasaporte. En esos casos, se anotará en el documento: “Documento non valido ai fini dell’espatrio”.
Los ciudadanos italianos residentes en el extranjero e inscritos en el AIRE tendrán la facultad de presentar la solicitud de la CIE ante los municipios (comuni), además de en las oficinas consulares —medida que entrará en vigor a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la ley—.
Por último, se introducen cláusulas relativas a la contratación de personal local para las nuevas oficinas del MAECI y disposiciones de “invarianza”, que establecen que los nuevos costos generados por la modificación del sistema estarán a cargo de los usuarios, a fin de no afectar las cuentas públicas.
CONSULADO ITALY MAR DEL PLATA. IDENTIDAD