La ciudadanía italiana, ¿es una cosa seria?: 4 claves detrás de los argumentos del ministro Tajani

Al anunciar la reforma de la ciudadanía italiana iure sanguinis, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, justificó ante la prensa las razones detrás del controvertido decreto ley 36 (devenido en la ley 74) que restringió drásticamente el derecho adquirir o transmitir la ciudadanía a quienes nacieron en el exterior. ¿Cuántos de esos argumentos resultaron ser excusas? ¿Quién gana y quién pierde con esta reforma?

¿Qué motiva la reforma de la ciudadanía italiana? Las excusas tras los argumentos del ministro Tajani

El ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del Consejo de Ministros, Antonio Tajani, fue el principal impulsor de la reforma a la ciudadanía italiana por ius sanguinis. El anuncio se formalizó el 28 de marzo de 2025, en medio de una oleada de críticas por parte de asociaciones de italianos en el exterior, consulados desbordados y decisiones judiciales contradictorias.

Según palabras del propio Tajani, el objetivo de la reforma era garantizar la “seriedad” en el otorgamiento de la nacionalidad italiana. La ciudadanía, explicó, no debe ser vista como un simple beneficio migratorio, sino como un lazo político y cultural con el país.

Pero, ¿cuáles eran los argumentos concretos detrás de una reforma que endureció los requisitos, redujo los casos reconocibles por vía administrativa y ahora busca elevar el costo del trámite mediante una nueva ley que ya se encuentra en el Senado?

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1. El vínculo real con Italia para conceder la ciudadanía

Uno de los primeros argumentos esgrimidos por Tajani fue la necesidad de reforzar el vínculo entre Italia y quienes solicitan la ciudadanía. Tajani expresó que «ser ciudadano italiano es una cosa seria» y que el otorgamiento del pasaporte debe corresponder a personas con «lazos reales y efectivos» con el país.

Para el ministro, es inaceptable que miles de personas puedan reclamar la ciudadanía basándose en un antepasado nacido más de ciento cincuenta años atrás, como permiten actualmente las normas. Este desfase histórico, asegura, «está en contraste con todas las normativas vigentes en la Unión Europea».

El Gobierno busca evitar que el pasaporte italiano se convierta en un mero instrumento para facilitar el ingreso a Europa, sin interés cultural o social por parte del solicitante. Además, criticó que muchas personas no hablen italiano ni tengan contacto con la comunidad italiana.

Sin embargo, el propio gobierno italiano, pocas semanas atrás, había entregado en persona (y con toda la pompa) la ciudadanía italiana al presidente de Argentina, Javier Milei, quien a propósito no habla una sola palabra de Italiano ni ha participado jamás de la comunidad italiana en el exterior.

Si bien el presidente Argentino adquirió la ciudadanía conforme a la ley, nadie le reclamó un juramento a la constitución italiana, como sí ocurrió en diversos puntos de Italia donde a personas que viven hace décadas en el país, les fue negado el derecho a la ciudadanía por motivos linguísticos.

¿Cuál es entonces la verdad detrás de este argumento? ¿Se le reclamará el idioma a los empresarios a los que el Estado italiano le ofrece las visas de inversor, que abren la puerta a residencias permanentes y posteriores ciudadanías? ¿O es que acaso el problema en realidad es el nivel económico o la relevancia política del solicitante?

2. Las denuncias de abusos, fraudes y turismo sanitario

Tajani también denunció que existen agencias que instrumentalizan la ciudadanía italiana, ofreciendo cursos o promesas laborales a cambio de dinero. Incluso reveló que se han anulado ciudadanías obtenidas mediante “artificios” o «falsificaciones» de actas de ancestros italianos.

Según sus datos, el crecimiento en Sudamérica fue desproporcionado: en Argentina se pasó de 20.000 ciudadanías en 2023 a 30.000 en 2024. En Brasil, más de 20.000; en Venezuela, casi 8.000. El ministro considera que esto responde a mecanismos oportunistas.

Además, advirtió sobre el uso indebido de la ciudadanía italiana para acceder al sistema de salud italiano. Dijo que muchos beneficiarios llegan solo para recibir atención gratuita, sin residir en Italia ni pagar impuestos.

¿Y quienes son estos «nuevos ciudadanos» si no nietos o bisnietos de los italianos que debieron refugiarse en el exterior ante la pobreza y la crisis en Italia? ¿Qué parte de la propia historia italiana es la que el Gobierno no tolera reconocer y hacerse cargo? ¿O es que la soberbia nos terminará condenando a repetir la tragedia?

En este punto, cabe aclarar que las irregularidades que puedan cometer particulares (como los fraudes o las estafas), deben ser combatidas por las fuerzas de seguridad del Estado, y no ser utilizadas como excusa para restringir derechos al conjunto de la población.

El argumento de «pagan justos por pecadores» no puede ser consagrado por el Estado; ¿o acaso el gobierno está dispuesto a que los políticos sean todos tratados como corruptos, solo porque algunos lo son o lo han sido en el pasado? El Estado no puede dejar de brindar servicios o reconocer derechos solamente porque confiesa su propia incapacidad para controlar irregularidades.

Por otra parte, muchas de las agencias o estudios jurídicos que el ministro denunció en su comparecencia ante la prensa, serán los principales beneficiarios de su política. Quienes ahora no pueden tramitar el reconocimiento de su ciudadanía italiana deberán hacer su reclamo por vía judicial, con una representación legal imprescindible que enriquecerá aún más a este tipo de intermediarios.

En lo que respecta al «uso indebido del sistema de salud», el ministro no hizo más que generalizar, sin elementos ni datos, estigmatizando y acusando a un colectivo. ¿Cuántos representan los casos de italianos por descedencia que se hacen atender en el sistema de salud italiano respecto al total?

Sin embargo, los italianos reclaman por el deterioro de su sistema de salud debido al aumento del costo de las prestaciones frente a una inversión estatal per cápita que viene decayendo en los últimos años. El sistema de salud italiano no está amenazado por la inmigración de italianos que llegan a su propio país, sino por el permanente desfinanciamiento estatal.

3. Los municipios y tribunales colapsados

Otro argumento central es el impacto administrativo. El ministro afirmó que los municipios pequeños están abrumados por la reconstrucción de ciudadanía italiana, lo que retrasa otras gestiones públicas. La misma situación se repite en los consulados italianos, especialmente en Latinoamérica.

Además, informó que más de 60.000 causas judiciales por ciudadanía están activas en Italia, lo cual satura el sistema judicial. Tajani sostiene que esta situación afecta a los verdaderos ciudadanos italianos, que ven ralentizados sus propios trámites.

Por el contrario, los procedimientos de reconocimiento de la ciudadanía italiana han revitalizado un gran número de pueblos, fundamentalmente en el sur del país, donde un importante número de descendientes retornados son nuevos pobladores permanentes.

Muchos alcaldes, lejos de reclamar por la demanda de ciudadanía italiana de los descendientes, ven este trámite como el eje de una política de reactivación (fundamentalmente fuera de la temporada de verano) y de repoblación de localidades, incluso mucho más efectiva y con resultados que políticas como los subsidios para la vivienda o los subsidios a nómadas digitales.

La autorización del cobro de tasas para trámites de ciudadanía o búsqueda de actas en las comunas, en diciembre pasado, generó una expectativa de recaudación que impacta de forma importante en localidades pequeñas que ven en el retorno de los descendientes la posibilidad de no morir, frente al éxodo de sus propios pobladores a zonas del país o países vecinos donde las actividad económica promete mejores condiciones de vida.

Respecto a los tribunales abarrotados de demandas, no hace falta ser un genio para entender que esta reforma, señalada por casi todos los constitucionalistas como defectuosa en términos de constitucionalidad, y con graves problemas de legalidad, no hará más que provocar una catarata de demandas en los tribunales. Quien antes podía obtener el reconocimiento por vía administrativa, ahora tendrá que reclamarlo judicialmente, lo que provocará un mayor perjuicio a los tribunales.

4. El gasto estatal del Estado italiano en servicios consulares

Tajani también justificó el aumento del costo del trámite (de 300 a 600 euros) en función de los altos gastos del Estado. Argumentó que los consulados y embajadas deben brindar servicios a ciudadanos que jamás han residido en Italia, lo que genera “costos excesivos”.

El ministro fue enfático en señalar que Italia debe priorizar sus recursos en ciudadanos que efectivamente tienen una relación orgánica con el país, y no en gestiones «de interés privado». La reforma, según él, permitirá racionalizar gastos y centrar la atención en los servicios esenciales.

Sin embargo, aquí el gobierno vuelve a caer en contradicción. Mientras no se asignan el personal para atender la demanda de servicios consulares, el Estado aumenta las tasas a esos mismos servicios, pero no deja esos recursos en la red exterior, sino que que pretende convertir a las embajadas en meros entes recaudadores.

Qui prodest? ¿Qué hay detrás de las excusas de Tajani?

Mientras Tajani habla de defender el vínculo efectivo con italia, combatir los fraudes, evitar el colapso de tribunales, comunas y consulados, y terminar con el «negocio» de la ciudadanía italiana; la política del gobierno que integra va precisamente a contramano de todo ello.

Por eso me permito dudar de la honestidad del funcionario y preguntarme, ¿cuáles son los motivos que el ministro no puede confesar?

¿Quién se perjudica y quién se beneficia realmente con esta medida? Porque a los italianos en el exterior ningún gobierno jamás les había recortado tantos derechos (y tan fundamentales), a los tribunales les espera una ola de demandas y a los pueblos de Italia que estaban reactivándose con esta nueva migración se los vuelve a condenar a muerte.

Solo en los grandes estudios jurídicos y las grandes agencias de gestoría, hay quienes se frotan las manos, mientras se ve la sonrisa en el rostro de los sectores más xenofóbicos (pero oligárquicos) de la política italiana, que parecen no entender que el país tiene un déficit demográfico de más de 280 mil personas y que hay regiones con sus industrias paralizadas por la falta de mano de obra.

Para los demás, esta reforma es un tiro en el pié que, esperamos, el Tribunal Constitucional de Italia frene, antes que la pobreza en Italia, vuelva a condenar a muchos, como ocurrió muchas veces en el pasado, al desarraigo y el exilio.

La ciudadanía italiana es una cosa seria, que requiere un debate honesto, sin excusas y con argumentos coherentes que se reflejen en las acciones del gobierno. La seriedad del tema debe reflejarse en la forma de abordarlo, no solamente en declaraciones.