Si vas a empezar a tramitar la ciudadanía italiana o aún está pendiente la resolución por parte de las autoridades, deberás conocer los cambios que pueden resultar una amenaza para el anhelo de los descendientes que sueñan con ser inscriptos como italianos. Además, se duplica el precio de la tasa. Todo lo que debes saber.
La Corte de Casación de Italia ha modificado los criterios para la transmisión de la ciudadanía italiana, lo que implica nuevas restricciones para los descendientes de italianos en el extranjero.
Los cambios, vigentes desde noviembre de 2024, afectan especialmente a quienes descienden de un Avo italiano que se naturalizó en otro país mientras sus hijos eran menores de edad.
Además, la aprobación del presupuesto nacional de 2025 estableció un aumento significativo en las tasas para gestionar la ciudadanía, tanto en Italia como en consulados extranjeros.
Estos cambios han generado incertidumbre entre quienes buscan el reconocimiento de su ciudadanía italiana por derecho de sangre (“jure sanguinis”).
Afectan principalmente a los descendientes de italianos en América Latina y otras regiones donde la emigración italiana fue significativa.
En paralelo, municipios como Cornuda han implementado nuevas tarifas para la emisión de partidas de nacimiento, aumentando aún más los costos asociados al proceso.
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¿Por qué ya no podrán tramitar la ciudadanía italiana los hijos de italianos nacionalizados?
El cambio en la interpretación de la ley de ciudadanía italiana se basa en recientes fallos de la Corte de Casación, como las sentencias n.º 454 de 2024 y n.º 17.161 de 2023.
Hasta ahora, los tribunales italianos habían permitido la transmisión de la ciudadanía sin restricciones, siempre que el Avo hubiera tenido descendencia antes de su naturalización en el extranjero.
Sin embargo, la nueva doctrina establece que si el Avo se naturalizó en otro país mientras sus hijos eran menores de edad, la transmisión de la ciudadanía se interrumpe.
La fundamentación de este criterio se encuentra en el artículo 12 de la Ley 555/1912, que considera que los hijos menores de edad que residían con su padre perdían la ciudadanía si este adquiría otra nacionalidad.
Este cambio afecta a algunos descendientes, especialmente en Argentina, Brasil y Perú, donde hubo masivos procesos de naturalización de inmigrantes italianos en el siglo XX. .
Según fuentes especializadas en derecho internacional, este nuevo criterio podría generar litigios y apelaciones, ya que contradice jurisprudencia anterior.
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¿Qué sucederá con las tasas para gestionar la ciudadanía italiana en Italia y el extranjero?
Desde el 1 de enero de 2025, el costo del trámite de ciudadanía italiana por vía consular se ha duplicado, pasando de 300 a 600 euros por solicitante mayor de edad.
Este incremento también se aplica a los juicios de reconocimiento de ciudadanía por vía judicial, donde además se eliminó la tarifa reducida para familias con varios solicitantes.
Los solicitantes que realicen el trámite por vía administrativa en Italia también enfrentarán costos adicionales.
La nueva normativa autoriza a los municipios a cobrar hasta 600 euros por la gestión del reconocimiento de la ciudadanía y 300 euros por la emisión de documentos históricos, como partidas de nacimiento y certificados matrimoniales.
La oposición política y abogados especializados han cuestionado estos aumentos, señalando su posible inconstitucionalidad.
Argumentan que las tarifas excluyen a personas con menos recursos económicos y afectan especialmente a los descendientes en América Latina, donde los ingresos promedio son menores a los de Europa.
El caso Cornuda: te podrán cobrar para obtener las partidas de nacimiento
El municipio de Cornuda, en la provincia de Treviso, ha sido uno de los primeros en aplicar la nueva normativa que permite cobrar tarifas por la gestión de ciudadanía y la emisión de documentos históricos.
Desde enero de 2025, los solicitantes deben pagar 600 euros por la ciudadanía y 300 euros adicionales por cada partida de nacimiento o documento necesario para el proceso.
El alcalde de Cornuda, Enrico Gallina, justificó la medida alegando la necesidad de recursos adicionales para procesar la alta demanda de solicitudes.
Además, argumentó que el cobro permitirá fortalecer los controles administrativos y evitar fraudes, como los ocurridos en 2024 en la comuna de Crocetta, donde se descubrió la concesión fraudulenta de ciudadanía a 150 brasileños.
El caso de Cornuda podría sentar un precedente para que otros municipios adopten medidas similares. Aunque la normativa nacional no obliga a todos los municipios a establecer estas tarifas, la posibilidad de aplicarlas podría generar un efecto en cadena y encarecer el acceso a la ciudadanía italiana en varias localidades.
Para leer más sobre este antecedente, visita este informe dedicado al tema.
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Podrin informar sobre las nuevas normativas en el Consulado de Venezuela en Caracas..Gracias