Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en contra del nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno en noviembre pasado y que entraría en vigor el 20 de mayo próximo. En este informe, te contamos cuáles son las principales objeciones de estas asociaciones y qué proponen cambiar.
Un nuevo reglamento de extranjería: avances y ¿retrocesos?
Españan avanza hacia la implementación de un nuevo Reglamento de Extranjería. La iniciativa fue aprobada en noviembre de 2024 y todo está dispuesto para su entrada en vigor a partir del 20 de mayo de 2025. La nueva norma fue anunciada por el gobierno como un avance para simplificar y agilizar los procedimientos de regularización, así como mejorar la integración de las personas migrantes a través de tres pilares fundamentales: trabajo, formación y familia.
Sin embargo, desde diferentes organizaciones de la sociedad civil que se enfocan en la realidad de los inmigrantes, han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo que busca objetar algunos de los puntos de la nueva iniciativa. Las organizaciones sostienen que no se han incorporado las sugerencias de las entidades que trabajan con inmigración, y afirman que hay algunos puntos jurídicamente cuestionables.
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Principales cambios que propone la nueva ley de extranjería
Entre sus principales cambios, el nuevo reglamento de extranjería dispone la reducción del plazo para el arraigo. De esta forma, el tiempo de permanencia necesario para regularizarse mediante el arraigo se reduce de tres a dos años. También se establecen cinco modalidades de arraigo: social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad.
Otra de las modificaciones tiene que ver con su capítulo sobre la reagrupación familiar. A partir del 20 de mayo, se ampliarán los beneficios para la reagrupación familiar, permitiendo que más miembros de la familia puedan beneficiarse de este proceso. También se simplifican las autorizaciones de residencia y trabajo para los familiares reagrupados.
Las autorizaciones de residencia y trabajo son otro de los puntos reformados. Con el nuevo marco legal, las autorizaciones iniciales tendrán una duración de un año, mientras que las renovaciones se extenderán a cuatro años, proporcionando mayor estabilidad tanto a las personas migrantes como a las empresas.
El Gobierno también ha señalado que la reforma beneficia a estudiantes extranjeros, ya que se les permite trabajar hasta 30 horas semanales mientras cursan sus estudios y se facilita la transición hacia una autorización laboral al finalizar su formación.
Los visados tendrán un procedimiento más claro en lo que respecta a los requisitos y sus trámites; en tanto que el visado para búsqueda de empleo se amplía de tres meses a un año, facilitando que las personas encuentren un trabajo adecuado a su perfil profesional.
Las reformas están en línea con las directrices de la Unión Europea: simplificar trámites, reforzar la seguridad jurídica y ampliar los derechos de las personas migrantes. Además, incorporan medidas para combatir el fraude y la explotación laboral.
El reclamo de las organizaciones no gubernamentales
Sin embargo, algunas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han expresado objeciones al nuevo reglamento, argumentando que podría representar un retroceso en las garantías para los inmigrantes en España.
Extranjeristas en Red, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y Coordinadora de Barrios han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, señalando preocupaciones específicas sobre el cómputo del tiempo de espera para solicitantes de asilo y las condiciones para familiares de ciudadanos españoles.
Las principales objeciones tienen que ver con la exclusión del tiempo de espera de solicitantes de asilo en el cómputo para el arraigo de los asilados, la desigualdad de derechos para familiares de españoles y el retroceso en la protección de menores no acompañados.
Según las organizaciones, el reglamento establece que el periodo que un solicitante de asilo permanece en España a la espera de una resolución no se contabilizará para obtener el permiso de residencia por arraigo. Desde su punto de vista, este tiempo contribuye al arraigo social y su exclusión es jurídicamente cuestionable.
También señalan que el reglamento impone condiciones y derechos menos favorables a los familiares de ciudadanos españoles en comparación con los familiares de ciudadanos de la Unión Europea, lo que contraviene el principio constitucional de igualdad y jurisprudencia consolidada.
En lo que refiere a la protección de menores no acompañados, las organizaciones señalan que la nueva norma representa un retroceso ya que se estaría aplicando el régimen de silencio presunto negativo, cuando entendemos que, por legislación del menor, el régimen que corresponde es el de silencio presunto positivo”. “Si ahora llega un menor acompañado en patera, en tres meses estaría legal, pero con el nuevo reglamente, se quedaría en una especie de limbo”, indica Paco Solans, de una de las organizaciones que recurrió a la justicia.
Posibles consecuencias negativas
Las organizaciones han expresado que el nuevo reglamento, lejos de facilitar la regularización, podría dejar en situación irregular a más de 200 mil personas, y destacan que, aunque la norma fue presentada con la intención de flexibilizar trámites y reducir plazos, en la práctica supone un retroceso.
Y a tí, ¿qué te parece el planteo de las organizaciones? Te leemos en comentarios
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