La ciudadanía italiana en el exterior tiene muchos problemas para acceder a sus derechos. Turnos consulares imposibles, falta de acceso a información pública sobre sus representantes, e incluso decisiones gubernamentales que atentan directamente contra sus derechos. El diputado Fabio Porta tiene un proyecto podría poner un freno.
La ciudadanía italiana, abandonada y maltratada por su gobierno
Hasta ahora, ningún gobierno en la historia de la República Italiana había maltratado tan severamente a la ciudadanía italiana en el exterior. A pesar de los discursos y las promesas de campaña, son palpables las medidas que buscan dejar a los residentes en el exterior sin algunos de sus principales derechos como italianos.
Medidas concretas como la no actualización automática de las pensiones para los italianos que viven en el exterior, o la exclusión de los retornados a la península para acceder a beneficios sociales (deben esperar 2 años antes de tener nuevamente cobertura social por parte de su gobierno), fueron las primeras medidas.
Luego llegó la suba de las tarifas consulares (tasas que los italianos en el exterior pagan por acceder a servicios de su gobierno en el extranjero), duplicando los costos de trámites como el reconocimiento de la ciudadanía italiana por derecho de sangre. Finalmente, la Ley 74 (decreto Tajani), fue la muestra más contundente de que el gobierno italiano quiere romper vínculos con sus comunidades en el exterior, negándole la ciudadanía a sus descendientes.
Frente a este escenario, la oposición italiana no ha logrado poner freno a las decisiones del bloque oficialista (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Maie, y otros aliados). Incluso el Maie, partido creado por referentes de los italianos en el exterior y que sostenía como principal bandera la defensa de los italianos en el extranjero, ha guardado silencio frente a los avances del gobierno del cual son socios y parte.
Frente a este panorama, un diputado opositor, plantea la necesidad de crear una figura independiente del gobierno de turno, que esté legalmente habilitada para representar a los italianos en el exterior, tanto frente a irregularidades o abusos de los consulados en el exterior, como del gobierno Italiano en Roma. Te contamos de qué se trata.
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Una ciudadanía italiana sin herramientas para defenderse de su gobierno
El proceso de reforma de la ciudadanía italiana implementado durante 2025 fue una muestra palpable de que los italianos en el exterior no tienen herramientas para defenderse. A pesar del rechazo expresado por organizaciones de italianos, e incluso por algunos de sus representantes políticos opositores, el gobierno avanzó con una norma que los expertos señalan como antidemocrática e inconstitucional.
Ante este panorama, las cartas a los embajadores, los votos en contra de la ley 74 e incluso la propia Constitución de la República no alcanzaron para evitar el avance de las medidas. Las observaciones del Consejo General de Italianos en el Exterior (órgano que la ley establece que debe ser consultado y tenido en cuenta a la hora de tomar medidas que impacten en la ciudadanía italiana en el exterior) tampoco fueron tenidas en cuenta.
Es por eso que el Diputado Fabio Porta (PD) cree que es necesaria la creación de una figura independiente del gobierno de turno que tenga legitimación procesal para hacer presentaciones judiciales y ejercer la representación de los derechos de los italianos en el exterior.
En diálogo con Infocivitano, Fabio Porta, quien es el autor y primer firmante del proyecto, calificó el proyecto de “sumamente importante”, ya que “amplía el acceso a esta importante protección legal a los italianos en el extranjero”. “El Defensor del Pueblo es una figura externa que, en el caso de los residentes en el extranjero, los asistirá en litigios con las autoridades públicas, en concreto, los consulados. Esta es una función que actualmente nadie puede ejercer”.
Principales aspectos del proyecto de Defensor del Pueblo Italiano en el Extranjero
Tal como lo indica el proyecto de Fabio Porta, la figura del defensor cívico en el ordenamiento italiano surgió hace menos de treinta años, con la ley 8 de junio de 1990, n. 142 (Artículo 8), que permitía a las provincias y municipios prever su presencia en sus estatutos. Su función original era «garantía de la imparcialidad y del buen funcionamiento de la administración pública», con la tarea de «señalar los abusos, las disfunciones, las carencias y los retrasos que podían manifestarse en los ciudadanos».
Tras la reforma Bassanini y normativas posteriores, la competencia de los defensores cívicos regionales y de las provincias autónomas se extendió a las administraciones periféricas del Estado. Esto consolidó su rol como «un instrumento general de tutela del ciudadano frente a la pública administración».
Sin embargo, la eficacia y extensión de la red de defensores cívicos ha sido desigual, y existe una «sensibile diversità di attenzione e di trattamento a seconda che i cittadini risiedano entro i confini nazionali o all’estero», reclama el proyecto.
Los firmantes de la iniciativa denuncian una “desprotección de los Italianos Residentes en el Extranjero”, excluidos de la tutela del defensor cívico existente, lo que implica una “disparidad de Derechos”
Cómo sería la nueva institución del Defensor del Pueblo Italiano en el Exterior
Según el proyecto, habrá un defensor en cada circunscripción consular que podrá operar en una oficina propia, en la sede del COMITES o en dependencias consulares, y se apoyará en la estructura administrativa ya existente.
El nombramiento lo realiza el embajador mediante decreto, seleccionando entre cinco candidatos propuestos por mayoría absoluta por el COMITES (Comitato degli Italiani all’Estero) de la jurisdicción. Los representantes del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero) también podrán sugerir nombres. La elección se llevaría a cabo mediante escrutinio secreto.
El defensor será un italiano inscrito en el AIRE, que haya residido al menos tres años en la circunscripción. Se requiere independencia, objetividad y equilibrio, valorándose competencias jurídicas y administrativas.
No podrán ejercer como defensor los parlamentarios de la Circunscripción Exterior, los miembros del CGIE o del COMITES. Tampoco empleados del consulado o embajada, directores de institutos culturales, cónsules honorarios o empleados de otras estructuras estatales. Los responsables de entidades que reciban financiación estatal o trabajadores de medios con difusión local tampoco podrán ejercer este cargo.
El mandato del Defensor será de cinco años, coincidiendo con el de los miembros del COMITES, y puede renovarse una sola vez. La revocación se aplicará por causas de incompatibilidad o motivos graves relacionados con el desempeño.
El funcionario recibirá una compensación anual global para gastos de logística, comunicación y transporte, establecida cada año por el Ministerio de Asuntos Exteriores con “criterios de extrema sobriedad”, promete la iniciativa.
El Defensor deberá fomentar la legalidad, imparcialidad, transparencia y equidad de la administración pública hacia los italianos en el exterior; supervisar la eficiencia de la administración y el avance de los procedimientos; señalar demoras, ineficiencias, omisiones y abusos; y ejercer también funciones previstas en el artículo 16.1 de la Ley 127/1997.
El Defensor podrá actuar con plena libertad e independencia; intervenir a petición de ciudadanos o interesados ante el MAECI u otros Ministerios; supervisar el desarrollo de procedimientos administrativos; y actuar de oficio si identifica deficiencias en procedimientos relevantes.
Además, podrá acceder a documentación de oficio, obtener copias de actos administrativos relacionados, solicitar información útil de los organismos públicos y comunicar a la autoridad judicial en caso de delitos.
Un dato importante es que el defensor podrá intervenir si han pasado 60 días sin respuesta tras iniciar un procedimiento administrativo (el doble del plazo ordinario según la Ley 241/1990); o en el caso de las solicitudes de ciudadanía italiana, cuando haya pasado el plazo de 300 días.
El defensor fijará un plazo máximo para la resolución y notificará al interesado y al cónsul.
También deberá informar de cualquier demora adicional. Quienes obstaculicen su función estarán sujetos a sanciones disciplinarias.
Cuánto costaría implementar un Defensor del Pueblo Italiano en el Exterior
El coste estimado es de 1 millón de euros anuales, es decir, poco más de 8.000 euros por cada circunscripción consular.
Antes del 31 de marzo de cada año, el defensor elaborará un informe detallado de su actividad, con observaciones y propuestas, que será remitido al cónsul, al embajador (para el MAECI), a los presidentes del COMITES e INTERCOMITES, a los miembros del CGIE y a los parlamentarios por la circunscripción Exterior.
Puedes ver el proyecto completo en el sitio web de la Cámara de Diputados de Italia.
¿Y tú, qué opinas de esta iniciativa?, ¿te gustaría que prosperara? te leemos en comentarios.
Hola, buenos días me parece muy buena la iniciativa
Hola quería saber, entonces si hacen ese proyecto no perdemos el derecho de solicitar la ciudadanía por descendientes de italianos?
Hola Magdalena. No tiene relación una cosa con la otra. Este proyecto no tiene nada que ver con las leyes de reconocimiento de ciudadanía italiana por descendencia.
Totalmente de acuerdo
Com.it.es existe en Venezuela Caracas puedo pedir ayuda soy Italiano