Una gran cantidad de migrantes en EE.UU., que no cuentan con ciudadanía americana, enfrentan un escenario de incertidumbre tras el fin del TPS. El Gobierno ya anunció medidas de apoyo, incluyendo asesoría legal gratuita. Conoce cuándo termina la protección, qué implica, a quién afecta y qué alternativas hay para evitar la deportación.
El Gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de diferentes naciones que no cuentan con ciudadanía americana.
Esta medida, publicada oficialmente el 8 de julio en el Registro Federal, pondrá fin a la protección migratoria el próximo 8 de septiembre.
La decisión afecta directamente a unos 72.000 residentes que actualmente viven y trabajan en EE.UU. bajo este régimen desde 1999, cuando fue otorgado a raíz del huracán Mitch.
Ante este escenario, el Gobierno de Honduras, por medio de su red consular, comenzó a ofrecer asesoría legal gratuita y orientación migratoria para sus ciudadanos en territorio estadounidense. El primer plan piloto fue presentado en Los Ángeles y se espera su réplica en otros consulados.
Mientras tanto, los afectados cuentan con un periodo de transición de 60 días para evaluar opciones migratorias o iniciar un retorno ordenado.
Las razones de la cancelación, las consecuencias sociales y económicas, así como los recursos disponibles para los migrantes, son clave para entender la magnitud de este cambio.
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¿Cuándo será el fin del TPS afectando a miles de residentes sin ciudadanía americana?
El Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños y nicaragüenses finalizará oficialmente el próximo 8 de septiembre a las 11.59 p.m., hora local, según lo establece el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos en su publicación del Registro Federal del 8 de julio.
Aunque el TPS había expirado técnicamente el 5 de julio de 2025, la publicación activó un periodo de transición de 60 días, durante el cual los beneficiarios siguen gozando de protección legal y pueden mantener su empleo.
Este periodo también incluye una extensión automática de ciertos permisos de trabajo (EAD) hasta esa misma fecha del 8 de septiembre.
Esta medida aplica para documentos con los códigos A-12 o C-19, con fechas de expiración comprendidas entre el 5 de enero de 2018 y el 5 de julio de 2025. Con esta prórroga, se garantiza la continuidad laboral y se evita la interrupción de ingresos mientras los beneficiarios evalúan alternativas legales.
Una vez culminado este periodo, los ciudadanos bajo TPS deberán haber iniciado un proceso de regularización —como solicitud de residencia por vínculos familiares, permisos laborales especiales o asilo político—, o se verán en la obligación de abandonar el país para evitar procesos de deportación.
La cancelación del TPS forma parte de una estrategia migratoria de la actual administración estadounidense, heredera de decisiones tomadas en el gobierno de Donald Trump.
Entre los argumentos esgrimidos por el DHS para justificar esta medida, figuran las mejoras en la infraestructura, servicios básicos y capacidad de respuesta ante desastres en Honduras.
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¿De qué se trata el programa de asesoría legal gratuita para personas sin ciudadanía americana?
Frente al inminente fin del TPS, el Gobierno de Honduras ha iniciado un programa de asesoría legal gratuita y a bajo costo destinado a sus ciudadanos residentes en Estados Unidos.
La primera sede en activar este servicio ha sido el Consulado General de Honduras en Los Ángeles, California, donde se presentó oficialmente el plan en conjunto con organizaciones como la Alianza Hondureña de Los Ángeles, la Alianza Nacional del TPS, Carecen y TPS-LA.
La iniciativa contempla consultas jurídicas sin costo, acompañamiento en la preparación de documentación, y apoyo en trámites de inmigración a través de firmas legales especializadas.
También incluye guías informativas y talleres educativos que orientan a los hondureños sobre cómo actuar ante la cancelación del TPS, cómo aplicar a otras formas de alivio migratorio, y cómo prepararse para posibles audiencias ante cortes de inmigración.
La cónsul Julissa Gutiérrez Villanueva indicó que este programa responde al mandato presidencial de brindar protección a los connacionales en el exterior.
“Desde el gobierno reiteramos nuestro compromiso de velar por los derechos de nuestros compatriotas en el exterior”, declaró ante la prensa, subrayando la urgencia de actuar con prontitud y buscar ayuda legal confiable.
Se prevé que otros consulados hondureños en ciudades con alta concentración de migrantes, como Nueva York, Houston y Miami, anuncien mecanismos similares en los próximos días. Las autoridades han insistido en que los beneficiarios del TPS deben evitar la desinformación y actuar lo antes posible.
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¿Cuáles son las mayores preocupaciones de los residentes sin ciudadanía americana, con TPS?
El fin del TPS genera una profunda incertidumbre entre los más de 72.000 hondureños beneficiados por este programa, muchos de los cuales llevan más de dos décadas construyendo sus vidas en EE.UU.
Expertos en economía y derechos humanos han alertado sobre las consecuencias sociales, familiares y financieras que esta cancelación acarreará tanto en EE.UU. como en Honduras.
Uno de los principales temores es la separación familiar. Muchas personas bajo TPS han formado familias, adquirido propiedades, e incluso tienen hijos nacidos en territorio estadounidense.
La posibilidad de deportación plantea dilemas legales y emocionales complejos, especialmente para padres que tendrían que dejar a sus hijos menores atrás o enfrentar procesos de custodia.
En el ámbito económico, el impacto es doble. Por un lado, los beneficiarios perderían su autoridad para trabajar legalmente, lo que implicaría una pérdida de ingresos para sostenerse en EE.UU. y enviar remesas.
Por otro lado, Honduras podría enfrentar una caída importante en el flujo de divisas: las remesas —que alcanzaron casi 5.800 millones de dólares solo en el primer semestre de 2025— representan más del 25 % del PIB del país.
Economistas del FOSDEH y la UNAH advierten que la pérdida del TPS también afectará el consumo de los hogares, la estabilidad de las reservas internacionales y el tipo de cambio.
La dependencia de las remesas en sectores como el comercio, la construcción y los servicios haría que cualquier reducción tenga efectos multiplicadores en la economía nacional.
A este contexto se suma el reto de la reintegración social y laboral de quienes eventualmente regresen. Según especialistas en economía, los “tepesianos” (beneficiarios del TPS) tienen hábitos de ingreso y productividad que el país no está preparado para absorber.
Esto pone presión adicional sobre el Estado hondureño para implementar políticas públicas inclusivas.
Con TPS: amplían permisos de trabajo
Como parte de las medidas de transición, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha extendido automáticamente la validez de ciertos permisos de trabajo emitidos a beneficiarios del TPS hasta el 8 de septiembre.
Esta extensión cubre específicamente los EAD (Employment Authorization Document) que presenten los códigos A-12 o C-19 y cuya fecha de expiración esté entre enero de 2018 y julio de 2025.
Los beneficiarios no necesitan realizar un nuevo trámite para acceder a esta extensión. Basta con presentar ante su empleador el EAD original junto con la Notificación de Continuación de Evidencia de Autorización de Empleo (Notice of Continued Evidence of Work Authorization).
Esta medida garantiza que las personas puedan seguir trabajando legalmente hasta que finalice el periodo de transición.
Para quienes hayan solicitado un nuevo EAD pero aún no lo hayan recibido, la validez también se mantiene automáticamente bajo los términos de esta prórroga. Esta acción busca evitar una interrupción abrupta del empleo y dar tiempo a los migrantes para buscar soluciones migratorias permanentes.
El Center for American Progress estima que la salida de los trabajadores con TPS del mercado laboral podría costar a Estados Unidos 164 mil millones de dólares en una década, afectando además los aportes al Seguro Social y Medicare. En este sentido, la extensión temporal de los permisos también responde a una necesidad del propio sistema económico estadounidense.
Las autoridades consulares hondureñas han recomendado a todos los ciudadanos bajo TPS que mantengan sus documentos al día y se asesoren con abogados certificados para proteger su estatus mientras exploran sus opciones de regularización.
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