Una audiencia judicial clave, una demanda colectiva que podría marcar precedente y una política federal en cuenta regresiva. Así se configura el nuevo escenario legal en torno a la ciudadanía americana por nacimiento en Estados Unidos. La historia involucra a jueces, migrantes, organizaciones civiles y decisiones que pueden afectar a miles.
Un juez federal del estado de New Hampshire se prepara para tomar una decisión crucial en los próximos días: determinar si certifica una demanda colectiva que busca representar a todos los bebés afectados por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual restringe la ciudadanía americana por nacimiento.
Esta demanda, encabezada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones, podría ser el último recurso legal para frenar la entrada en vigor de una política que cambiaría radicalmente la forma en que se reconoce la ciudadanía en el país.
La audiencia está programada para este jueves, en un contexto marcado por la reciente decisión de la Corte Suprema del 27 de junio de 2025, que limitó la capacidad de los jueces federales para emitir bloqueos nacionales de políticas federales.
Con solo 30 días para que la orden ejecutiva de Trump entre parcialmente en vigor, los actores judiciales y sociales involucrados se apresuran a presentar sus argumentos en diferentes cortes federales.
La urgencia responde a una amenaza concreta: negar la ciudadanía automática a los hijos de personas indocumentadas o con estatus migratorio temporal que nazcan en suelo estadounidense.
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¿Cuál es la trastienda sobre la demanda colectiva por ciudadanía americana?
La demanda colectiva en New Hampshire se sustenta en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que otorga ciudadanía a toda persona nacida en el país y «sujeta a su jurisdicción».
La interpretación que impulsa el gobierno de Trump redefine ese concepto, excluyendo a hijos de inmigrantes sin estatus legal permanente o con visas temporales. En respuesta, los demandantes buscan frenar la aplicación de la orden antes de que finalice el plazo de 30 días impuesto por la Corte Suprema.
Los demandantes, que aparecen en los registros judiciales bajo seudónimos, incluyen casos como el de una mujer hondureña con un proceso de asilo pendiente que dará a luz en octubre, y un padre brasileño residente en Florida cuyo hijo nació recientemente mientras tramita su residencia legal.
La demanda colectiva, de aprobarse, abarcaría a miles de familias en circunstancias similares, brindándoles protección temporal frente a una política que podría cambiarles la vida.
Los abogados que representan a estas familias argumentan que la orden provocaría «daños irreparables» en cuestión de semanas si no se interviene judicialmente.
Entre los temores, destacan la posibilidad de que los hijos de estas familias crezcan sin derechos básicos o sean blanco de políticas de deportación futuras, una preocupación que ya genera ansiedad y temor en muchas comunidades migrantes.
La audiencia de este jueves será decisiva: el juez deberá determinar si el caso merece estatus de demanda colectiva y, con ello, si se puede emitir una orden judicial que frene temporalmente la implementación de la política.
Esto se convierte en una carrera contra el reloj, ya que el fallo del Supremo no bloqueó la orden presidencial, sino que redujo el alcance de los bloqueos judiciales anteriores a los estados que los emitieron.
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¿Cuál podría ser la trascendencia de esta demanda colectiva para la ciudadanía americana?
De obtener la certificación como demanda colectiva, el caso de New Hampshire podría representar a decenas de miles de familias que se verían afectadas por la orden ejecutiva.
Esto daría pie a una suspensión temporal a nivel nacional, o al menos en aquellos territorios sin protecciones legales actualmente vigentes.
La implicancia va más allá del caso concreto. Si el tribunal reconoce legitimidad a una interpretación amplia de la Enmienda 14, podría poner freno a futuros intentos del Ejecutivo por modificar unilateralmente el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Además, establecería un precedente valioso para futuras impugnaciones legales en otras jurisdicciones.
La orden ejecutiva, tal como fue diseñada, impactaría directamente en los nacimientos de más de 150.000 bebés al año, según estimaciones citadas por The Washington Post.
La mayoría son hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal, como visas de turismo o trabajo. Bajo la nueva política, esos niños dejarían de ser reconocidos automáticamente como ciudadanos estadounidenses.
No obstante, el fallo de la Corte Suprema no resolvió la legalidad de la orden. Lo único que estableció fue que los jueces federales no pueden emitir bloqueos universales para todo el país, limitando sus sentencias solo a los estados involucrados en el caso.
Esto deja abierta la posibilidad de nuevas acciones judiciales como la de New Hampshire.
Por eso, organizaciones como la ACLU, CASA y el National Immigration Law Center insisten en que esta demanda colectiva es clave para detener la política antes de que se implemente. Si no prospera, la ciudadanía por nacimiento podría volverse un derecho fragmentado en función del estado de residencia.
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¿Qué otras acciones se llevan a cabo en las cortes de Estados Unidos por la ciudadanía americana?
New Hampshire no es el único frente judicial en esta batalla legal. Existen casos similares en Maryland, Massachusetts, Washington y Carolina del Norte, todos buscando proteger a sus residentes mediante medidas cautelares o certificaciones de demandas colectivas.
En Maryland, por ejemplo, el grupo CASA presentó una nueva solicitud de orden judicial y busca representar a todas las familias afectadas a nivel nacional, en paralelo a la demanda en New Hampshire.
Carolina del Norte ha tomado una postura firme. Su fiscal general, Jeff Jackson, demandó al gobierno federal y logró que su estado se mantenga entre los 22 territorios donde aún se reconoce la ciudadanía por nacimiento.
La audiencia en Massachusetts también será clave, ya que podría extender las protecciones más allá de los límites estatales actuales.
En paralelo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito —que cubre estados como California y Washington— ha solicitado que las partes en el caso remitan escritos para interpretar cómo aplicar el fallo del Supremo.
Este tribunal también podría devolver los casos a jueces de menor instancia para continuar el proceso.
Estados como Nueva York, California, Illinois y Oregon, junto con el Distrito de Columbia, siguen amparados por órdenes judiciales previas, por lo que en esos territorios la ciudadanía por nacimiento sigue siendo válida para todos.
Sin embargo, en estados sin sentencias vigentes, la orden presidencial podría comenzar a aplicarse desde el 27 de julio si no se presentan nuevos bloqueos.
Los próximos días son cruciales. Si no se certifica alguna demanda colectiva o se emite un nuevo mandato judicial, miles de bebés podrían nacer sin el respaldo de ciudadanía en estados no protegidos, lo que generaría un escenario legal sin precedentes en la historia migratoria de Estados Unidos.
