Según el último informe del Observatorio Permanente de la Inmigración, la población extranjera con residencia en España creció un 4,5% en el último año.
El comunicado de La Moncloa sobre los extranjeros en España
Los extranjeros en España con residencia regular aumentaron en 2025 un 4,5%. El paisaje demográfico de España está siendo remodelado por dos corrientes migratorias distintas y potentes, según revela un nuevo informe del Gobierno. Mientras que los residentes europeos muestran un crecimiento modesto, un auge de ciudadanos de fuera de la UE, especialmente de América Latina, está impulsando la diversificación de la población del país a un ritmo sin precedentes.
Según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), a 30 de septiembre de 2025, el número total de extranjeros con residencia en vigor alcanzó las 7.426.481 personas, lo que supone un crecimiento del 4,5% respecto al año anterior.
Este aumento global, sin embargo, esconde dos realidades que avanzan a velocidades muy diferentes. Para comprender la dinámica actual, es fundamental analizar por separado a los residentes del Espacio Común Europeo y a los del Régimen General de Extranjería.
Residentes comunitarios: un crecimiento estable
El colectivo de ciudadanos de la Unión Europea, AELC y Reino Unido suma un total de 4.008.348 personas. Este grupo, que representa el 54% de todos los extranjeros, experimentó un crecimiento anual moderado del 1,5%.
Las nacionalidades más representativas son la rumana, la italiana y la británica, que juntas constituyen más de la mitad (51%) de este colectivo.
Su perfil sociodemográfico muestra una edad media de 44 años y una distribución de género casi equitativa. Destaca que nacionalidades como la británica (57 años), belga (53) y alemana (50) presentan una edad media significativamente más elevada.
Extranjeros en España bajo el régimen general: el gran impulso
En marcado contraste, el grupo de residentes del Régimen General de Extranjería asciende a 3.418.133 personas, el 46% del total. Su crecimiento anual fue del 8,3%, casi seis veces superior al del colectivo comunitario.
En los últimos cinco años, este grupo ha crecido un 47,4%. Este aumento se debe en gran medida a la concesión de más de 236.000 autorizaciones a ciudadanos ucranianos tras el desplazamiento causado por la invasión militar rusa que comenzó el 24 de febrero de 2022.
No obstante, el informe del OPI evidencia una clara desaceleración en su llegada. Mientras que en diciembre de 2022 la variación anual era del 180,5%, en septiembre de 2025 ha descendido hasta el 8,3%.
Este colectivo es considerablemente más joven, con una edad media de 37 años y un ligero predominio de hombres. Sin embargo, el informe señala el «envejecimiento acelerado» de las comunidades ecuatoriana y boliviana. En el otro extremo, destaca la alta proporción de menores de 16 años en nacionalidades como la ucraniana (19%), marroquí (18%) y china (18%).
Dentro de este régimen, la comunidad latinoamericana se ha consolidado como una de las más relevantes por su peso demográfico.
Cuántos son los latinoamericanos en España
El peso demográfico de la comunidad latinoamericana en España justifica un análisis detallado de sus principales nacionalidades, que se encuentran entre las más numerosas del país.
Sumando los datos de ambos regímenes de residencia, la distribución de las principales comunidades es la siguiente:
Pero la residencia permanente es solo una parte de la historia. Una tendencia paralela en las estancias temporales por estudios revela el creciente atractivo de España como centro de talento internacional.
Más estudiantes extranjeros
Las autorizaciones de estancia por estudios son un termómetro clave de la atracción de talento. A septiembre de 2025, un total de 56.327 personas poseían una de estas autorizaciones, un 8,6% más que el año anterior.
La mayoría (68%) corresponde a estudios superiores, y casi la mitad de todos los estudiantes se concentran en Madrid (31%) y Barcelona (20%), seguidas por Valencia (11%).
Las nacionalidades más frecuentes son la colombiana (7.041), peruana (5.514), marroquí (4.473) y china (3.565). Sin embargo, las dinámicas de crecimiento son muy dispares: mientras los estudiantes de Venezuela aumentaron un 41,8% y los de Marruecos un 31,1%, el colectivo de estudiantes rusos se redujo un drástico 40,2%.
Aunque estas cifras pintan un cuadro detallado de la migración legal, el registro oficial tiene un punto ciego significativo: la población no contabilizada que vive fuera del sistema formal.
Lo que el informe no dice: la población irregular
Es fundamental aclarar que las estadísticas del OPI se basan exclusivamente en registros administrativos. Miden únicamente a las personas que cuentan con un certificado de registro o una tarjeta de residencia en vigor.
Por su propia naturaleza, el informe no contiene datos, cifras ni estimaciones sobre el número de extranjeros que residen en España en situación administrativa irregular.
Los datos de 2025 consolidan la tendencia de una España cada vez más diversa, cuyo perfil demográfico está siendo moldeado de forma decisiva por diferentes y pujantes flujos migratorios.
Si bien no hay estudios recientes, la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) estima que el número de extranjeros residentes en España en situación irregular en 2023 podría haber rondado las 700.000 personas, lo que representa el 17% de la población extranjera «no comunitaria». Esta estimación es significativamente superior a la cifra de 480.000 personas irregulares que se estimaban a finales de 2021.
El mismo estudio señala un crecimiento constante desde 2017, solo interrumpido por la pandemia en 2021-2022.
Al aplicar una metodología más precisa, la estimación de FUNCAS para 2023 alcanza los 686.111 extranjeros en situación irregular (no comunitarios), destacando que la mayoría de este colectivo (cerca de 600.000) proviene de nacionalidades americanas.
Las Personas en Situación Administrativa Irregular (PSAI) son personas extranjeras no comunitarias que carecen de una autorización de residencia vigente. Su situación puede originarse porque ingresaron con visa de turista y permanecieron más allá del plazo de 90 días, entraron de forma irregular por lugares no autorizados, o se encuentran en «irregularidad sobrevenida» (por ejemplo, al agotarse sus visados o denegarse su solicitud de protección internacional y no poder cumplir los trámites de renovación de residencia).
La magnitud del problema ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria, respaldada por más de 600.000 firmas. La propuesta busca beneficiar a los extranjeros que residían en España antes de una fecha límite (por ejemplo, 31 de diciembre de 2024). Las ONG y el Ministerio calculan que esta medida podría beneficiar a entre 400.000 y 500.000 personas.
Las alertas de Caritas sobre las PSAI
Por otra parte, Cáritas ha realizado informes que se enfocan en las consecuencias sociales de la irregularidad y la acción necesaria para mitigarlas: la organización católica viene alertando sobre el aumento de PSAI en sus programas y recursos desde 2020. En 2022, las PSAI representaban más del 30% de los casos atendidos a nivel estatal.
Específicamente, en su Memoria de 2024, el 47% de las personas atendidas en España por Cáritas eran migrantes en situación irregular, lo que equivalía a unas 550.000 personas. Se estima que esta cifra representa el 80% del total de inmigrantes irregulares en España (estimados en 680.000).
Las consecuencias de la irregularidad
La situación administrativa irregular es descripta por Caritas como una «condena a vivir en la permanente vulnerabilidad», generando exclusión social, invisibilidad y pérdida de derechos. Esto conlleva dificultades en el acceso a derechos básicos.
En el caso del empleo, la falta de autorización obliga a las PSAI a trabajar exclusivamente en la economía informal, en sectores precarios como el servicio doméstico, la hostelería o la agricultura, exponiéndolos a condiciones de explotación, y les impide acceder a prestaciones sociales que les corresponderían por haber trabajado).
En lo referente a la vivienda, las PSAI tienen grandes dificultades para acceder a una vivienda digna, a menudo asumiendo gastos excesivos o viviendo en condiciones de hacinamiento y precariedad. A pesar de ser un derecho, muchas corporaciones municipales imponen obstáculos para el empadronamiento, lo que, a su vez, paraliza los procesos de regularización e impide el acceso a otros derechos esenciales como la tarjeta sanitaria o la escolarización de menores.
Por lo general, las PSAI son excluidas del sistema básico de protección social, lo que las lleva a acudir prioritariamente a entidades del tercer sector, como Cáritas, como única alternativa de apoyo. Esto sin contar que la población irregular sufre una doble discriminación (por ser migrantes y por carecer de documentación) que resulta en estigmatización, criminalización y controles policiales basados en el perfil racial.
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