Una decisión judicial en Estados Unidos impacta de lleno en miles de familias sin ciudadanía americana que dependen de la asistencia social. En medio de una disputa política y legal, se despejan dudas clave sobre el acceso a beneficios económicos. Qué cambia, a quiénes alcanza y qué puede ocurrir en los próximos meses.
El Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), financiado por el Gobierno federal y administrado por los Estados, continuará entregando fondos a familias de bajos recursos en cinco estados gobernados por demócratas tras un fallo judicial emitido en Nueva York, incluso si no cuentan con ciudadanía americana.
La decisión, adoptada por el juez federal Vernon Broderick, impide que la administración del presidente Donald Trump congele miles de millones de dólares destinados a asistencia en efectivo, cuidado infantil y servicios sociales, mientras se desarrolla el litigio.
La medida judicial responde a una demanda presentada por los fiscales generales de Nueva York, California, Colorado, Illinois y Minnesota, luego de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Administración para Niños y Familias (ACF) anunciaran en enero la restricción temporal de fondos federales.
La disputa, originada por denuncias de fraude en Minnesota, generó incertidumbre entre beneficiarios —incluidos residentes legales sin ciudadanía estadounidense— que dependen del programa para pagar vivienda, alimentos y cuidado infantil en 2026.
Lo que sí quedó habilitado para tí es el servicio universal de WhatsApp para residentes en Estados Unidos, de funcionamiento gratuito pero con cupos limitados (puedes acceder ahora mismo desde tu celular para aprovechar los lugares disponibles).
Se trata de un sistema (aquí) que te mantiene informado con actualizaciones permanentes sobre ciudadanía americana, beneficios migratorios, cómo actuar ante un encuentro con ICE, qué hacer ante detenciones y cuáles son los últimos cambios en políticas migratorias.
Se recomienda ingresar a través de un click en este enlace original para recibir alertas de último momento, análisis y guías prácticas con consejos para actuar ante situaciones urgentes vinculadas con inmigración.
¿Qué decidió el juez federal sobre TANF y cómo afecta a los residentes sin ciudadanía americana?
El juez Vernon Broderick, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, resolvió extender una orden judicial que impide al Gobierno federal congelar aproximadamente 10.000 millones de dólares en fondos sociales destinados a cinco estados.
La medida permanecerá vigente durante todo el proceso judicial, salvo que una instancia superior la revoque.
La controversia se inició cuando la Administración para Niños y Familias comenzó a exigir documentación adicional a los estados, tras una serie de condenas penales por fraude en Minnesota.
Posteriormente, el Gobierno federal notificó a los gobernadores que restringiría temporalmente el acceso a fondos de programas como TANF, el Fondo de Desarrollo y Cuidado Infantil y el Programa de Subvenciones para Servicios Sociales.
Para los residentes permanentes legales —es decir, personas que no tienen ciudadanía americana pero cuentan con estatus migratorio regular— el fallo implica que los estados pueden seguir utilizando los fondos federales mientras dure el litigio.
Esto significa que, si cumplen los requisitos estatales, pueden continuar recibiendo asistencia en efectivo.
Los fiscales generales argumentaron que el congelamiento era “arbitrario y caprichoso”, carecía de pruebas suficientes y excedía la autoridad del Poder Ejecutivo.
También sostuvieron que la administración buscaba obligarlos a entregar información personal identificable de millones de residentes.
Desde el Gobierno federal, en cambio, se afirmó que no se trataba de un congelamiento definitivo, sino de una exigencia de documentación adicional para garantizar que los fondos lleguen a las comunidades previstas por el Congreso.
¿Quiénes pueden seguir recibiendo TANF si no tienen ciudadanía americana pero son residentes?
El programa TANF está diseñado para familias con dificultades económicas. Aunque es financiado por el Gobierno federal, cada estado establece sus propios criterios de elegibilidad, siempre dentro del marco general de la ley federal.
En términos generales, pueden acceder quienes:
- Residan en el estado donde solicitan el beneficio.
- Cumplan con los límites de ingresos y recursos establecidos localmente.
- Tengan hijos menores de edad a cargo.
- Posean un estatus migratorio elegible, como residencia permanente legal.
El hecho de no tener ciudadanía estadounidense no excluye automáticamente a una persona del programa. Los residentes permanentes legales pueden calificar si cumplen las condiciones estatales y federales vigentes.
La asistencia se entrega mediante depósitos mensuales que pueden utilizarse para cubrir necesidades básicas como alimentos, vivienda, electricidad, transporte, capacitación laboral y cuidado infantil. En algunos estados el programa recibe otro nombre —por ejemplo, CalWORKs en California— pero se financia en parte con fondos TANF.
Cada estado administra el sistema de manera distinta, por lo que los montos y condiciones varían. Por eso es clave consultar la oficina estatal correspondiente antes de iniciar o renovar el trámite.
¿Qué estados están involucrados en la disputa y por qué sus fondos estuvieron en riesgo?
Los estados involucrados en la demanda son Nueva York, California, Colorado, Illinois y Minnesota. Todos están gobernados por demócratas y fueron notificados por la Administración para Niños y Familias sobre la restricción temporal en el acceso a fondos federales.
El origen del conflicto fue una investigación federal por fraude en Minnesota, donde fiscales denunciaron que miles de millones de dólares destinados a asistencia social habrían sido desviados hacia gastos indebidos, como automóviles de lujo y bienes raíces.
A partir de ese caso, el Gobierno federal intensificó los controles y envió cartas a los gobernadores solicitando el “universo completo” de registros administrativos vinculados a TANF y otros programas. Además, anunció que limitaría el flujo semanal de fondos mientras se revisaba la documentación.
Los estados respondieron con una demanda inmediata, argumentando que el Ejecutivo no puede bloquear unilateralmente fondos ya aprobados por el Congreso. El juez Broderick primero dictó una medida provisional por un mes y luego extendió la protección durante todo el litigio.
Funcionarios estatales celebraron la decisión judicial y sostuvieron que un congelamiento habría generado caos en la vida de cientos de miles de familias vulnerables.
¿Cómo impactaría un congelamiento de TANF en vivienda, cuidado infantil y alimentación?
TANF no solo implica una transferencia mensual en efectivo. En muchos estados, esos recursos financian servicios complementarios esenciales, como subsidios para cuidado infantil y sistemas de protección infantil.
En California, por ejemplo, millones de residentes dependen de beneficios vinculados a estos fondos para pagar alquiler, servicios públicos y transporte.
Funcionarios del condado de Los Ángeles advirtieron ante la Justicia que la interrupción de fondos podría poner en riesgo líneas directas de denuncia de abuso infantil y equipos de respuesta de emergencia.
Representantes del sector de cuidado infantil también alertaron que más de la mitad de las familias atendidas en algunos centros dependen de asistencia federal. Un congelamiento podría provocar cierres definitivos de guarderías.
Madres beneficiarias en Minnesota y California expresaron que, sin los aproximadamente 600 a 900 dólares mensuales que reciben, no podrían pagar renta, pañales, alimentos ni transporte. Algunas temen volver a refugios para personas sin hogar.
El efecto, según abogados especializados en pobreza, sería “enorme” y generaría un impacto en cadena sobre empleo, educación y estabilidad familiar.
¿Qué deben hacer los beneficiarios de TANF para proteger su asistencia durante el proceso judicial?
Mientras la orden judicial se mantiene vigente, los beneficiarios deben continuar cumpliendo con los requisitos habituales del programa en su estado.
Es recomendable:
- Mantener actualizada la información personal y de ingresos ante la oficina estatal.
- Conservar documentación que acredite residencia y composición familiar.
- Revisar periódicamente el saldo de la tarjeta electrónica o depósito directo.
- Informarse a través de canales oficiales sobre cualquier cambio normativo.
Los estados suelen entregar el dinero mediante tarjeta de débito electrónica o depósito directo. El saldo puede verificarse en el recibo de compra, mediante aplicaciones móviles estatales o llamando al número que figura al reverso de la tarjeta.
Si existen sospechas de fraude o irregularidades, también es posible presentar denuncias o quejas ante las autoridades estatales correspondientes.
¿Puede afectar esta disputa federal el trámite o la renovación de TANF para residentes permanentes?
Por el momento, la orden judicial impide que se interrumpan los fondos en los estados demandantes, lo que significa que los trámites y renovaciones deberían continuar con normalidad.
Sin embargo, la incertidumbre persiste mientras el caso avanza en los tribunales. Si el Gobierno federal apelara y lograra revertir la medida, podrían producirse cambios en los procedimientos administrativos.
Especialistas recomiendan no suspender solicitudes ni renovaciones por temor a eventuales modificaciones. El derecho a solicitar el beneficio sigue vigente mientras la normativa no cambie formalmente.
Los residentes permanentes deben prestar especial atención a cualquier requerimiento adicional de documentación que pudiera surgir en el marco de mayores controles federales.
¿Qué derechos tienen los residentes legales frente a cambios federales en programas como TANF?
Los residentes permanentes legales cuentan con protección constitucional y pueden impugnar medidas administrativas que consideren arbitrarias o contrarias a la ley federal.
Los estados, como administradores del programa, también pueden recurrir a la Justicia si entienden que el Ejecutivo excede su autoridad, como ocurrió en este caso.
El principio central en discusión es si el Gobierno federal puede bloquear fondos aprobados por el Congreso sin un proceso formal y justificado. La resolución final podría sentar precedente para otros programas sociales.
Mientras tanto, la decisión judicial vigente garantiza que, en 2026, las familias elegibles —incluidos residentes sin ciudadanía americana— puedan seguir accediendo a TANF en los estados protegidos por la orden. El resultado definitivo dependerá de lo que determinen los tribunales en los próximos meses.
