Una modificación regulatoria en el análisis del public charge podría redefinir un criterio histórico del sistema migratorio estadounidense. La propuesta genera inquietud por su posible impacto en trámites clave, como la residencia permanente legal, y en el acceso a beneficios sociales. Qué está en juego, a quiénes alcanzaría y por qué el debate vuelve a cobrar fuerza.
El gobierno de Estados Unidos presentó una propuesta para modificar la forma en que se evalúa la figura de la “carga pública” (public charge), un criterio central que puede determinar si una persona es considerada elegible para obtener la residencia permanente legal, conocida como green card.
A futuro, también afectaría el proceso para acceder a la ciudadanía estadounidense o ciudadanía americana.
El cambio fue impulsado por la actual administración republicana y podría comenzar a aplicarse en 2026.
La iniciativa, presentada por el Department of Homeland Security (DHS), apunta a eliminar definiciones y lineamientos vigentes que desde hace años orientan a los oficiales migratorios.
De avanzar, la modificación otorgaría un amplio margen de discrecionalidad a quienes evalúan solicitudes, lo que genera preocupación entre expertos en migración, organizaciones civiles y familias inmigrantes que hoy se encuentran en pleno proceso de regularización.
En paralelo a este contexto que genera inquietud, surge una gran noticia. Se habilitó el servicio exclusivo de WhatsApp para residentes permanentes y ciudadanía estadounidense.
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¿Cómo funciona la regla del public charge para tramitar la residencia permanente legal?
La figura del public charge existe en la ley migratoria de Estados Unidos desde 1882 y establece que una persona puede ser considerada inadmisible si es probable que dependa principalmente del gobierno para cubrir sus necesidades básicas.
Esta evaluación se aplica tanto a solicitantes de visa desde el exterior como a quienes tramitan la residencia permanente legal dentro del país.
Durante décadas, el concepto no estuvo claramente definido. Recién en 1999, durante la administración de Bill Clinton, se estableció que una persona sería considerada carga pública solo si dependía “principalmente” de asistencia gubernamental en efectivo, como el Supplemental Security Income (SSI) o el Temporary Assistance for Needy Families (TANF), o si estaba institucionalizada a largo plazo a expensas del Estado.
Esa definición buscó reducir el efecto disuasorio que provocaban cambios previos en las leyes de bienestar social.
La regla aclaraba, además, que el uso de beneficios no monetarios —como asistencia alimentaria, programas de salud o ayuda para vivienda— no debía ser tenido en cuenta para negar una green card.
Actualmente, y tras una serie de cambios y contramarchas, rige nuevamente ese enfoque más acotado. Bajo esta norma, los oficiales migratorios analizan el conjunto de circunstancias de cada solicitante —edad, salud, situación laboral y apoyo familiar— pero con criterios relativamente claros sobre qué beneficios pueden considerarse relevantes.
¿Cuál es el cambio que se busca para la regla del public charge, que impactará en la US Citizenship?
La propuesta presentada recientemente busca derogar la regulación adoptada en 2022 y eliminar todas las definiciones específicas sobre qué constituye una carga pública.
Según el DHS, las normas actuales “atan de manos” a los oficiales y limitan su capacidad de aplicar la ley de manera flexible caso por caso.
De aprobarse el cambio, se dejarían sin efecto más de dos décadas de lineamientos administrativos y precedentes.
En la práctica, esto implicaría que ya no existiría una lista clara de beneficios “seguros” y otros que podrían afectar un trámite migratorio. Programas como Head Start, almuerzos escolares gratuitos, atención en centros comunitarios de salud o incluso créditos fiscales podrían quedar bajo sospecha.
Otro punto sensible es que la propuesta elimina el lenguaje que hoy aclara que el uso de beneficios por parte de familiares —incluidos hijos ciudadanos estadounidenses— no debe computar en contra del solicitante.
Esto abre la puerta a que, en familias de estatus mixto, cualquier ayuda recibida por un miembro del hogar sea considerada en la evaluación migratoria.
Aunque la ciudadanía estadounidense no se ve afectada de manera directa por la regla del public charge, el impacto es indirecto pero relevante.
Sin residencia permanente legal aprobada, el camino hacia la naturalización queda bloqueado, por lo que cualquier endurecimiento en esta etapa inicial repercute en el acceso futuro a la US Citizenship.
¿Qué deberás hacer en caso de que cambie la regla del public charge para obtener residencia legal?
Si la modificación se concreta en términos similares al borrador actual, los solicitantes de residencia permanente legal deberán extremar la planificación de su trámite. La falta de criterios explícitos hará más importante que nunca el análisis individual de cada caso y la documentación presentada.
Será clave demostrar autosuficiencia económica o respaldo familiar y privado. Esto incluye historial laboral estable, ingresos suficientes, apoyo económico de patrocinadores y, en algunos casos, seguros de salud privados.
La carga de la prueba podría volverse más pesada ante la mayor discrecionalidad de los oficiales.
También será fundamental informarse antes de acceder a cualquier beneficio público, incluso aquellos que hoy se consideran inocuos. Sin reglas claras, abogados y organizaciones de apoyo podrían tener dificultades para orientar con certeza a las familias inmigrantes sobre los riesgos reales.
Expertos recomiendan no tomar decisiones apresuradas, como renunciar automáticamente a ayudas esenciales, sin asesoramiento profesional.
La experiencia demuestra que el temor generalizado puede generar consecuencias sociales y sanitarias graves, aun para personas que no estarían directamente alcanzadas por la regla.
¿Si ya comenzaste el trámite de la residencia permanente legal esta modificación te puede afectar?
Una de las mayores incógnitas es qué ocurrirá con los trámites ya iniciados si la nueva regla entra en vigor en 2026. En principio, las modificaciones regulatorias suelen aplicarse a decisiones tomadas a partir de su fecha de vigencia, pero no siempre es sencillo anticipar cómo se implementará en la práctica.
Durante el primer mandato de Donald Trump, un cambio similar generó confusión incluso antes de aplicarse formalmente. Muchas familias dejaron de utilizar beneficios por miedo a consecuencias migratorias, aun cuando esos programas no eran considerados en la evaluación de carga pública.
Si el nuevo esquema elimina toda guía previa, los casos pendientes podrían quedar sujetos a interpretaciones variables entre distintos oficiales del U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) o consulados. Esto podría traducirse en decisiones dispares para situaciones similares.
Por ese motivo, quienes ya iniciaron su trámite deberían seguir de cerca la evolución normativa, conservar toda la documentación presentada y, de ser posible, consultar con especialistas en inmigración.
La propuesta aún puede enfrentar litigios judiciales, pero el propio DHS anticipa que podría quedar firme a comienzos de 2026, incluso mientras se discuten impugnaciones en los tribunales.
