Un reglamento largamente esperado podría redefinir los derechos de millones de personas con nacionalidad española fuera del país. Propuestas institucionales, reclamos por demoras y el impacto de nuevas nacionalidades abren un escenario decisivo para 2026. Claves, tensiones y proyecciones marcan un debate que trasciende lo técnico y afecta la vida cotidiana global actual.
Las personas con y sin nacionalidad española residente en el exterior se encuentran ante un momento decisivo.
Un informe elaborado por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y remitido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones plantea una serie de propuestas para la redacción del nuevo reglamento que desarrollará el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.
El documento busca actualizar una normativa que rige desde 2006 y que hoy resulta insuficiente frente a los profundos cambios migratorios.
El qué y el porqué del debate se explican en cifras y contextos: más de tres millones de españoles viven actualmente fuera del país, el doble que hace apenas una década, y se prevé que ese número continúe creciendo en los próximos años.
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¿Qué medidas clave proponen en beneficio de ciudadanos con nacionalidad española en el extranjero?
El informe del Consejo General parte de una premisa central: el nuevo reglamento no debe limitarse a ordenar disposiciones dispersas, sino convertirse en una verdadera herramienta de política pública.
Para ello, una de las primeras medidas propuestas es el refuerzo de la independencia y autonomía institucional del propio Consejo, dotándolo de mayores recursos y capacidad real de iniciativa ante la Administración.
Otra línea prioritaria es la mejora de la representación. El CGCEE plantea revisar su composición para reflejar de manera más equilibrada la diversidad geográfica, generacional y social de los españoles en el exterior.
El crecimiento exponencial de esta población exige órganos más ágiles y representativos, capaces de canalizar demandas muy distintas según los países de residencia.
El documento también pone el foco en la protección social. Se proponen medidas específicas para garantizar una protección integral frente a la violencia contra las mujeres españolas en el exterior, reconociendo una problemática que combina desigualdades de género con vulnerabilidades propias del contexto migratorio.
Este enfoque retoma el espíritu original del Estatuto, que ya advertía sobre la doble discriminación sufrida por muchas mujeres emigrantes.
En el plano económico, el Consejo insiste en mantener el pago en divisas de las prestaciones por razón de necesidad en países con alta inflación. La medida busca evitar que la ayuda pierda valor real y garantizar que cumpla su función de sostén básico.
A ello se suma la propuesta de flexibilizar los criterios de inscripción en el Censo de Españoles Residentes en el Exterior (CERA) y en el Censo de Asociaciones de la Ciudadanía Española en el Exterior (CACE), para facilitar el acceso a derechos y servicios.
¿Cuál es la crítica del CGCEE por la demora del reglamento en beneficio de la ciudadanía española?
Una de las críticas más contundentes del Consejo General apunta al tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 40/2006 sin que se haya desarrollado un reglamento integral.
Casi veinte años después, la falta de actualización normativa ha generado un marco fragmentado, compuesto por disposiciones parciales y, en algunos casos, desactualizadas.
Según el informe, esta demora no es solo un problema administrativo, sino que tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de la ciudadanía en el exterior.
La ausencia de un reglamento moderno dificulta el acceso efectivo a derechos, genera desigualdades entre colectivos y deja amplios márgenes de interpretación a las administraciones.
El CGCEE subraya que la realidad migratoria actual es radicalmente distinta a la de 2006. Hoy conviven emigrantes históricos con nuevas generaciones de españoles que salieron del país por motivos laborales, educativos o económicos tras la crisis de 2008.
Sin un reglamento adaptado, estas diferencias no encuentran respuesta adecuada para el CGCEE.
Además, el Consejo advierte que la demora debilita la capacidad de planificación a largo plazo. Sin reglas claras y homogéneas, resulta complejo diseñar políticas sostenidas en ámbitos como educación, sanidad o participación institucional.
De allí la urgencia en la que insiste el órgano consultivo de que el nuevo reglamento llegue en 2026 con una visión integral y no meramente técnica.
¿Cuántos nuevos españoles habrá en el extranjero a raíz de la Ley de Nietos y qué se pide para ellos?
El informe del CGCEE incorpora una proyección demográfica clave: la población española residente en el exterior pasó de aproximadamente 1,5 millones a más de tres millones en pocos años, y podría alcanzar los cinco millones en el corto plazo.
Este crecimiento está directamente vinculado al impacto de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos.
La incorporación de cientos de miles de nuevos ciudadanos españoles plantea desafíos inéditos. Muchos de ellos no tienen una trayectoria migratoria propia, sino que acceden a la nacionalidad por vínculos familiares, lo que genera perfiles y necesidades distintas a las de la emigración tradicional.
Ante este escenario, el Consejo reclama que el nuevo reglamento contemple explícitamente a estos nuevos españoles. No se trata solo de reconocer un estatus jurídico, sino de garantizar información, orientación y acceso efectivo a derechos desde el primer momento, evitando situaciones de desamparo administrativo.
El CGCEE también alerta sobre el riesgo de colapso de los servicios consulares y de los mecanismos de participación si no se refuerzan recursos humanos y materiales. La llegada masiva de nuevos ciudadanos exige planificación, inversión y coordinación interadministrativa para sostener la calidad de la atención.
¿Cómo podría beneficiarse la ciudadanía española en el extranjero con el nuevo reglamento?
Un reglamento actualizado podría traducirse en beneficios concretos y tangibles. Entre ellos, una mejor coordinación entre administraciones para garantizar el acceso efectivo a derechos sociales, sanitarios y educativos, sin depender del país de residencia ni de interpretaciones dispares.
El informe destaca el impulso de políticas de retorno como otro eje central. Se proponen medidas específicas en empleo, educación y vivienda para quienes deseen regresar a España, reconociendo que el retorno es una opción cada vez más presente entre las nuevas generaciones de emigrantes y descendientes.
La defensa del acceso a la educación y la cultura españolas en el exterior ocupa también un lugar relevante. El Consejo considera que estos derechos son fundamentales para mantener el vínculo con España y para fortalecer una ciudadanía activa, informada y participativa más allá de las fronteras.
En conjunto, el CGCEE apuesta por un reglamento moderno, eficaz y centrado en las personas. Si las propuestas se concretan, la ciudadanía española en el exterior podría contar por primera vez con un marco normativo coherente con su realidad actual, capaz de garantizar derechos, oportunidades y una relación más sólida con el Estado español.
