El Estatus de Protección Temporal (TPS) puede significar la diferencia entre la deportación y la estabilidad para miles de migrantes en los Estados Unidos. Aunque es un programa temporal, su vigencia reciente ha sido extendida para algunos países. Descubre en esta nota quiénes pueden solicitar el TPS y hasta cuándo pueden hacerlo.
El Estatus de Protección Temporal (TPS), una figura legal crucial para migrantes de ciertos países, recibió una nueva extensión que ha generado esperanza en miles de personas.
El jueves 31 de julio, un juez federal en California decidió ampliar la vigencia del TPS para unos 60.000 ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal, cuya permanencia en Estados Unidos estaba a punto de expirar.
Esta medida, que protege de la deportación y permite trabajar legalmente, llega en un contexto de fuertes tensiones migratorias bajo la administración de Donald Trump, que ha intentado eliminar este beneficio para diversas nacionalidades.
El fallo judicial es una respuesta a las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por Kristi Noem, que previamente había determinado que las condiciones en los países de origen ya no justificaban la protección.
Sin embargo, la justicia consideró lo contrario, y prorrogó el beneficio que debía expirar el 5 de agosto para los nepalíes y el 8 de septiembre para hondureños y nicaragüenses.
El TPS, implementado en 1990, sigue siendo hoy una herramienta clave en la política migratoria estadounidense, aunque su futuro continúa en disputa.
¿Qué es el TPS y por qué es tan relevante para residentes sin ciudadanía americana?
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es una figura migratoria otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a personas de ciertos países afectados por conflictos armados, desastres naturales o condiciones extraordinarias que impiden su retorno seguro.
Aunque no otorga residencia permanente, permite que los beneficiarios permanezcan en el país, trabajen legalmente y no sean deportados por el tiempo que dure la designación.
El TPS fue creado en 1990 bajo la presidencia de George H. W. Bush y promovido por el senador Ted Kennedy.
Desde entonces, ha sido aplicado para proteger temporalmente a ciudadanos de países que enfrentan crisis severas.
Los designados deben inscribirse en un período específico y pagar tarifas para recibir los beneficios, que incluyen la autorización de empleo (EAD) y permisos para salir temporalmente del país.
No obstante, el TPS no es una vía hacia la residencia legal permanente ni hacia la ciudadanía. Su carácter temporal significa que, una vez que las condiciones en el país de origen mejoran según las autoridades estadounidenses, la designación puede ser cancelada.
Aun así, para muchos migrantes, esta figura representa la única forma legal de permanecer y trabajar en EE.UU. sin temor a ser detenidos o deportados.
En los últimos años, especialmente bajo el mandato del presidente Trump, el programa ha estado bajo constante amenaza.
Diversas decisiones del DHS han buscado su eliminación para varias nacionalidades, argumentando mejorías en los países de origen. Sin embargo, muchas de estas decisiones han sido cuestionadas y frenadas en tribunales federales.
¿Cuáles son las nacionalidades que aún pueden solicitar el TPS?
A agosto de 2025, son 16 las nacionalidades cuyos ciudadanos pueden aún acogerse al Estatus de Protección Temporal.
Estas designaciones han sido determinadas por el Departamento de Seguridad Nacional basándose en la evaluación de las condiciones actuales en cada país. La lista oficial, publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), es la siguiente:
- Birmania (Myanmar): hasta el 25 de noviembre de 2025
- Camerún: hasta el 4 de agosto de 2025
- El Salvador: hasta el 9 de septiembre de 2026
- Etiopía: hasta el 12 de diciembre de 2025
- Haití: hasta el 3 de febrero de 2026
- Honduras: hasta el 8 de septiembre de 2025
- Líbano: hasta el 27 de mayo de 2026
- Nepal: hasta el 5 de agosto de 2025
- Nicaragua: hasta el 8 de septiembre de 2025
- Somalia: hasta el 17 de marzo de 2026
- Sudán del Sur: hasta el 3 de noviembre de 2025
- Sudán: hasta el 19 de octubre de 2026
- Siria: hasta el 30 de septiembre de 2025
- Ucrania: hasta el 19 de octubre de 2026
- Venezuela: hasta el 10 de septiembre de 2025 (designación 2021)
- Yemen: hasta el 3 de marzo de 2026
Estas fechas representan el plazo máximo en el que los migrantes de estos países pueden beneficiarse del TPS, siempre y cuando estén inscritos en el programa y cumplan con los requisitos exigidos. La extensión o finalización de cada designación depende de la revisión periódica que realiza el DHS.
Cabe resaltar que no todas las personas originarias de estos países califican automáticamente para el TPS.
Deben estar físicamente presentes en Estados Unidos desde una fecha específica, que varía por país, y cumplir con otros requisitos migratorios. Más detalles están disponibles en el sitio oficial de USCIS, en este link.
¿Por qué los Tepesianos celebraron la decisión de juez de California?
La decisión del juez federal en California de extender el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal fue recibida con gran alivio por miles de migrantes conocidos como «Tepesianos».
Estos son migrantes que, durante décadas en muchos casos, han vivido, trabajado y formado familias en Estados Unidos bajo la protección de este estatus. Para ellos, la cancelación significaba una amenaza directa de deportación.
El fallo del juez interrumpe los planes del Gobierno de Donald Trump, que bajo la dirección de Kristi Noem en el DHS, había decidido cancelar el programa para estas nacionalidades, argumentando que sus países habían mostrado mejoría, particularmente en la recuperación del huracán Mitch (en el caso de Honduras y Nicaragua).
Sin embargo, organizaciones migrantes y abogados defensores del TPS denunciaron que las decisiones fueron arbitrarias y con motivaciones políticas.
Representantes de los demandantes, destacaron que los plazos ofrecidos para abandonar el país eran irrazonablemente cortos —en algunos casos, apenas dos meses—, lo que ponía en riesgo la vida y el sustento de miles de personas.
La sentencia judicial, aunque no definitiva, ofrece un respiro significativo y vuelve a abrir la puerta al debate sobre la necesidad de una reforma migratoria más estructural.
Además, este no fue el único revés judicial contra las políticas migratorias del actual Gobierno. Un tribunal federal en Massachusetts también ratificó la suspensión de una orden ejecutiva que pretendía negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes.
Estas decisiones fueron celebradas ampliamente por las comunidades afectadas y por grupos defensores de derechos humanos.
Sin embargo, el futuro del TPS sigue siendo incierto. Aunque este fallo protege temporalmente a los beneficiarios, la administración puede apelar, y las decisiones de fondo aún están en proceso.
La urgencia por una solución permanente, como una ley del Congreso que otorgue residencia legal, sigue siendo el objetivo de los defensores del programa.
